De vuelta sobre la justicia administrativa ante el nuevo escenario constitucional.

Como sostiene Juan Carlos Cassagne, en el derecho público en general y en el Derecho Administrativo, en particular, suele llevarse a cabo – cada tanto – transformaciones que modifican instituciones caducas, dan vida a nuevos principios y crean reglas jurídicas compatibles con los fines que persigue el cambio o la adaptación del sistema jurídico. En dicho escenario de cambio, el nuevo constitucionalismo ha contribuido a reafirmar la tendencia del Derecho Administrativo a prohibir las arbitrariedades de la Administración, potenciando el papel que deben cumplir los principios generales en el sistema jurídico constitucional de protección de los derechos humanos lo cual implica extender el alcance del control judicial, aspecto en el que se encuentra ínsito el Estado de Derecho.

En tal contexto, el principio democrático se traduce en una garantía de legitimidad hacia el conjunto de la Administración del Estado en tanto reconduce la acción administrativa en orden a asegurar una cierta condición democrática de las decisiones de la Administración razón por la cual es un requisito esencial el paradigma que vincula a la Administración del Estado a la juridicidad. La justicia administrativa constituye, en consecuencia, una de las piezas clave para la configuración y el correcto funcionamiento del Estado de derecho y del principio democrático. En el Estado constitucional y democrático de derecho cualquier acto o norma producto de la potestad jurídica del Gobierno y la Administración no es – ni puede – ser inmune al control jurisdiccional. Tal aserto da cuenta de la garantía de la tutela judicial respecto de los actos de la Administración. Para la vigencia del Estado de derecho, como afirma Jorge Bermúdez, la garantía de la tutela judicial no puede detenerse en la teórica posibilidad de acudir a los tribunales, sino que el control judicial debe ser efectivo y real.

Ahora bien: En el novel escenario institucional, una adecuada contextualización respecto del control judicial de los actos de la Administración exige tener en consideración ciertos principios generales, algunos elementos sustantivos y algunos aspectos orgánicos.