El suicidio femicida ya tiene reconocimiento legal, ¿cuándo llegará el turno del suicidio laboral?

Introducción

La reciente sentencia en la que R.G.P., víctima de violencia ejercida por su pareja H.B.M., terminó quitándose la vida, y en la que el Tribunal de Garantía de Copiapó aplicó el artículo 390 sexies del Código Penal (introducido por la Ley N.º 21.523, conocida como Ley Antonia), representa un hito en el derecho chileno. Por primera vez, se reconoce que un suicidio puede ser imputable a un tercero, en tanto resultado de un entorno de violencia de género relevante. Esta decisión, sin embargo, contrasta con la aplicación del artículo 5 de la Ley N.º 16.744, que regula los accidentes del trabajo, donde los suicidios han sido históricamente excluidos de cobertura por presumirse actos intencionales de la víctima, incluso ante evidencia de acoso u hostigamiento laboral. Esta incoherencia normativa invita a una reflexión crítica: ¿por qué el derecho chileno acepta la causalidad estructural en un contexto —la violencia de género— y la niega en otro —la violencia en la relación laboral? El análisis dogmático propuesto por Alejandra Castillo-Ara (2025) en su artículo sobre el suicidio femicida ofrece herramientas interpretativas para delimitar estas figuras, enfatizando una distinción funcional entre inducción laxa de contexto (propia del suicidio femicida) y formas tradicionales de intervención delictiva, lo que podría extenderse analógicamente a otros ámbitos de violencia estructural.

i) Problemas de Tipificación: Amplitud y Legalidad