Límites de las potestades normativas de las Municipalidades

Las Municipalidades, en cuanto corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, correspondiéndoles la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley, todo según aparece en el artículo 118 de la Constitución Política de la República y en el artículo 1° de la Ley N° 18.685, Orgánica Constitucional de Municipalidades –en adelante, Ley N° 18.695-, desarrollan para el cumplimiento de dichas funciones generales, así como de las específicas señaladas en los artículos 3° -funciones privativas o no compartidas- y 4° -funciones no privativas o compartidas- del cuerpo legal antes mencionado, una actividad jurídica formal unilateral, la que se expresa en la emisión de resoluciones.

Dicha denominación que el legislador otorga a los actos administrativos unilaterales municipales, coincide con la denominación genérica empleada por el artículo 3° de la Ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado –en adelante, Ley N° 19.880-.

En efecto, conforme prescribe el literal d) del artículo 5° de la Ley N° 18.695, los organismos de administración comunal tienen como atribución esencial conferida para el cumplimiento de sus funciones, el dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular. Así, esta potestad normativa de que gozan, se traduce precisamente en la dictación de resoluciones, las cuales pueden revestir la forma jurídica de ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios e instrucciones, todos dogmáticamente denominados como instrumentos normativos municipales unilaterales (Bermúdez, Jorge. Derecho Administrativo General. Thomson Reuters. Tercera Edición Actualizada. 2014. Pág. 748).