Alejandro Cárcamo Righetti

La jurisprudencia reciente de los tribunales superiores estaría restringiendo el alcance del control judicial sobre la actividad sancionatoria de la Administración, particularmente al calificar las reclamaciones de ilegalidad como acciones de derecho estricto, limitar la revisión de la proporcionalidad de las sanciones y descartar impugnaciones por ausencia de agravio cuando previamente se redujo una multa. El autor advierte que estos criterios pueden debilitar el principio de juridicidad y la tutela efectiva de los derechos de los administrados.

La columna cuestiona el criterio de la Corte Suprema que rechazó una acción de protección destinada a obtener el cumplimiento de dictámenes de Contraloría que ordenaban reincorporar a una funcionaria pública, y advierte que esa decisión debilita el control judicial sobre la Administración y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.

La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema delimita con precisión la noción de cuentadante, reafirmando que solo quienes ejercen manejo directo de fondos públicos pueden ser sujetos pasivos del juicio de cuentas, reforzando así la legalidad y certeza en la responsabilidad patrimonial de los funcionarios.

Aunque la Ley Karin constituye un avance significativo en la normativa sobre acoso laboral y sexual, su aplicación en el sector público revela tensiones no resueltas entre el ideal normativo y la práctica institucional. La falta de formación especializada, la interpretación flexible de las sanciones y los límites de los procedimientos disciplinarios muestran que el cambio cultural no se logra solo con leyes. La celeridad procesal y la proporcionalidad sancionatoria deben equilibrarse con garantías como el derecho a la defensa. Sin un enfoque sistémico e integral, persiste el riesgo de frustrar

La Corte Suprema acogió un recurso de queja y revocó una sentencia que declaró incompetente al Juzgado de Letras del Trabajo de Talca para conocer una demanda por daño moral presentada por un funcionario municipal, reafirmando que este tipo de acciones puede ser conocido por la judicatura laboral, incluso en el ámbito público. Sin embargo, el fallo reabre el debate sobre la expansión jurisprudencial de la competencia laboral respecto del estatuto jurídico de los funcionarios públicos.

Dudoso nos resulta el que esta materia pueda ser calificada como una de naturaleza litigiosa, dado que tal y como lo precisa el mismo dictamen en análisis, “[…] el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente, de discusión en el ámbito jurisdiccional (aplica dictamen N° E417326, de 2023, de este origen)”.

En el mismo procedimiento administrativo invalidatorio, específicamente en la etapa de audiencia previa, el interesado, en virtud del principio de contradictoriedad -artículo 10 Ley N° 19.880-, podrá intentar demostrar que a su respecto efectivamente resultaba procedente el otorgamiento de la pensión de gracia, que el fundamento de hecho existe y fue calificado jurídicamente de manera correcta, lo cual descarta su indefensión, permitiendo una revisión de los fundamentos que sustentaron la decisión presidencial.

Conforme al actual sistema jurídico imperante en Chile, de tradición continental europea, aunque resulte efectivamente seductor para los tribunales pretender zanjar cuestiones con caracteres de generalidad, las sentencias judiciales tienen y deben seguir teniendo efectos relativos y, por ende, los fallos pronunciados por los tribunales de justicia deben ser interpretados y ejecutados bajo dicha premisa.

El fallo examinado parece computar el plazo de dos años para efectos de ejercer la potestad invalidatoria, ya no desde la comunicación del acto administrativo que se pretende invalidar, sino que desde el acto administrativo que da inicio al procedimiento invalidatorio. Incluso, contradice lo señalado en el considerando tercero de la sentencia, en cuanto se consigna explícitamente que “no puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar”.

Nos parece razonable el cambio de rumbo decidido por el actual Gobierno, en cuanto a firmar y someter a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, para, finalmente, ser Estado parte en el tratado. Consideramos, ello sitúa en su debida importancia la temática relativa a la protección del medio ambiente, democratizándola.

En la regulación analizada se incurre en una impropiedad, por cuanto exceptúa de la titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es una limitación para adquirir el dominio de tales bienes, tal y como aparece actualmente prescrito en el artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.

Cabe señalar que el ejercicio de esta potestad administrativa es facultativo y, por ende, eminentemente discrecional, es decir, el órgano tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias para determinar la necesidad de abrir un periodo de información previa, siempre, antes de adoptar la decisión de iniciar un procedimiento administrativo -lo que también es discrecional-.

Considerando que el conocimiento técnico corresponde a los órganos competentes de la Administración del Estado, no es menos cierto que, aspectos tales como la motivación -razonabilidad-, sí pueden y deben ser controlados, so riesgo de transformarse en una instancia irrespetuosa de los derechos de las personas.

Hemos abierto la intimidad de nuestros hogares para impartir nuestras clases, hemos cedido nuestro derecho a la imagen, todo, para continuar desarrollando aquello que nos apasiona.

El máximo Tribunal ibérico sí consideró el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios, exigen otras cautelas que procedió acordar.

El juez islandés, de 48 años, se desempeñaba como vicepresidente del Tribunal.

La Corte Suprema señaló que, los juzgadores se han extralimitado en el ejercicio de las atribuciones que les son propias.

Defensa del recurrente indicó que el interno al padecer hipertensión forma parte del grupo de riesgo de contagio de coronavirus.

Iniciativa busca reunir aportes desde diversas perspectivas académicas para analizar los derechos de cara al coronavirus.