Por Nicol Carrasco, U. Chile
El Estado de excepción es una herramienta constitucional que altera la normalidad de los derechos y libertades de las personas, es decir, en estos casos los derechos y las garantías constitucionales pueden ser limitados o restringidos debido a una alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación.
Esta medida se rige por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, número 18.415, la cual se promulgó en 1985 durante el periodo de Augusto Pinochet y tuvo modificaciones en algunos artículos en la ley 18.906 en 1990.
En esta ley se presentan cuatro tipos de estado de excepción: el estado de asamblea, que se usa en caso de una guerra externa; el estado de sitio, que ayudaría en los conflictos internos o grave conmoción; el estado de emergencia, en caso de alteración del orden público y el estado de catástrofe, para enfrentar desastres naturales.
El Presidente de la República, es quien decreta el tipo de estado que regirá, a través de un decreto supremo que debe ser firmado por los ministros del Interior y de Defensa Nacional. Luego comienza a hacerse efectivo cuando es publicado en el Diario Oficial y, desde ese momento, tiene una duración de 15 o 90 días, dependiendo de la medida tomada.
El mandatario puede pedir prórroga o una nueva declaración, si es que no han existido mejoras o soluciones a la situación en cuestión. Tal como lo establece el artículo número 8:
“(…) Los estados de asamblea y de catástrofe podrán declararse por un plazo máximo de noventa días, pero el Presidente de la República podrá solicitar nuevamente su prórroga o su nueva declaración si subsisten las circunstancias que lo motivan. Los estados de sitio y emergencia se declararán y prorrogarán en la forma que establecen las normas constitucionales pertinentes.”
Además, el Presidente debe informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas. Este órgano, podría dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días, siempre y cuando, las razones de esta hayan cesado de manera absoluta.
Según la ley, en los estados de excepción se pueden restringir las libertades de locomoción y reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Aunque, estos en ningún caso pueden prolongarse más allá de la vigencia de la medida.
En el caso del estado de emergencia, todas las atribuciones que son conferidas al Presidente podrán ser delegadas, total o parcialmente, a los jefes de la Defensa Nacional que se designe. Estos tendrán el deber y atribución de asumir el mando de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; autorizar celebraciones de reuniones; controlar la entrada y salida de la zona; dictar medidas para la protección de las obras de arte y servicios de utilidad pública, entre otras cosas.
En marzo de 2020, el expresidente Sebastián Piñera decretó el primer estado de excepción de catástrofe en todo el territorio nacional, debido a la contingencia del Covid 19, el que perduró hasta septiembre de 2021. Esto con el fin de combatir la pandemia que afectó y, afecta aún, a millones de personas en el mundo.
Sin embargo, en seis meses se han decretado otros dos estados de emergencia en el país. El primero, comenzó a regir en la Macrozona Sur debido a la violencia ocasionada por el conflicto del Pueblo Mapuche con el Estado Chileno, mientras que el segundo, se decretó en la Zona Norte a causa de las alteraciones del orden público que provocó la crisis migratoria.
Estado de emergencia en la Macrozona sur
El 12 de octubre de 2021, el entonces presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretaron por 15 días el estado de emergencia en la zona sur.
La principal razón, fueron los actos de violencia registrados en las regiones del Biobío y en la Araucanía. Los que involucraron hechos como: la quema de camiones y maquinarias, enfrentamientos con policías, tomas violentas de terreno, entre otras cosas.
Según Prensa Presidencia, la decisión se tomó para “(…) permitir a los habitantes de las zonas afectadas vivir en paz, ejercer sus libertades y derechos sin violencia.” Y desde entonces, se prorrogó nueves veces.
La última renovación del estado de excepción en esta zona se realizó el 11 de marzo, justo para el cambio de mando donde asumió el presidente Gabriel Boric. Y aunque ese día terminaban los últimos 15 días de la extensión, ya se había enviado y aprobado con 73 votos a favor la nueva solicitud en la Cámara de Diputados.
Sobre esta última acción del Gobierno de Sebastián Piñera para extender el estado de excepción, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado mencionó que “dejarle al próximo gobierno una herramienta, (…) puede o no puede continuarla, no está obligado tampoco a continuarla ni siquiera a los 15 días” según lo publicado en una nota de La Tercera.
Finalmente, el presidente Gabriel Boric optó por mantener esta medida hasta que se cumpliera el plazo, el que terminó este 26 de marzo. Hasta el momento, el mandatario sigue sosteniendo que la mejor manera de resolver los conflictos es conversando, por ende, la primera actividad oficial de su Gobierno fue la reunión de la comitiva ministerial en la zona.
Esta visita, llevada a cabo el 16 de marzo y encabezada por la ministra del Interior Izkia Siches, no estuvo exenta de polémicas ya que fue interrumpida por disparos al aire que finalmente frenaron el recorrido de la comitiva.
En dicha ocasión, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, mencionó que se debían buscar medidas para brindar seguridad a la gente y que el Gobierno tendría que buscar y hacer efectiva una estrategia.
¿Sigue el estado de emergencia en el Norte?
Por otro lado, el estado de emergencia en la Zona Norte del país comenzó a regir el 15 de febrero del 2022 en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, debido a la crisis migratoria y tras las masivas manifestaciones que se dieron por el asesinato del camionero Byron Castillo, donde estaban implicadas personas de nacionalidad venezolana.
A parte de esta medida, también se creó una nueva zanja de 300 metros que va en paralelo a la frontera con Bolivia para frenar la llegada masiva de personas extranjeras por pasos irregulares. Y de esta manera, poder controlar un poco más la crisis migratoria.
En marzo, el presidente Gabriel Boric solicitó la segunda extensión del estado de excepción por 15 días. La petición fue revisada por la Cámara de Diputados donde se aprobó con 142 votos a favor y luego en el Senado. Dicha prórroga, regirá hasta el 1 de abril.
Este se convierte en el primer respaldo legislativo que obtiene la administración del nuevo Gobierno. En una entrevista radial con la Asociación de Radiodifusores de Chile, el mandatario sostuvo que “firmé el decreto porque creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes y queremos hacer ahí un trabajo bien ordenado”.
Ante esto, la ministra del Interior, Izkia Siches, defendió esta decisión y explicó que lo que se vive en el norte es una crisis humanitaria y que el Gobierno no busca reducir los flujos migratorios, sino que proteger a las personas, no dejarlos abandonados y combatir el crimen organizado.
Con respecto a la tercera y última prórroga que respaldo el Senado y que regirá hasta el 15 de abril, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, mencionó que la intención es que esta sea la última extensión del estado de excepción en la zona norte y que además se está trabajando en una estrategia.
En esta línea, el proyecto contempla un plan de inversión; un programa para la recuperación de espacios públicos, trabajado por la Policía de Investigaciones; un plan con apoyo tecnológico para la identificación de los migrantes ingresados por pasos no habilitados y un análisis del decreto 265, que permite el apoyo de las FF.AA. en el control fronterizo y en el combate del crimen organizado.
Para finalizar, ambos estados de excepción en el país fueron ejercidos debido a la violencia que se produjo en la Macrozona Sur y en el Norte. Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, se ha mencionado que estas medidas no son la mejor opción para enfrentar el caos.
Las extensiones de los estados no seguirán, lo que, podría provocar una nueva ola de violencia. Sobre todo, si las conversaciones y el plan que tiene el Gobierno para controlar la situación no se lleva a cabo de la mejor manera. ¿Qué opina al respecto?