Con la dictación de la Ley N° 21.200 y del Decreto Exento N° 2.445, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con posterioridad al “estallido social” de finales del año 2019, se convocó a la ciudadanía a un Plebiscito para manifestarse frente a las interrogantes de un eventual cambio a la actual Constitución Política y del mecanismo deseado para ese objetivo.
Sin embargo, frente a la situación sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19, se determinó mediante otro acuerdo político, de carácter más amplio que el celebrado en octubre de 2019, modificar la fecha original del Plebiscito para el día 25 de octubre de 2020.
Independiente de las legítimas opciones que cada persona pueda tener frente al Plebiscito del 25 de octubre, no es temerario señalar la posibilidad de que, frente a nuevas contingencias o una prolongada emergencia provocada por el coronavirus (considerando sobre todo la llegada del invierno o un rebrote del mismo), pueda producirse alguna nueva modificación en el cronograma del denominado “proceso constituyente”.
Es frente a este último punto que, sean cuales sean, los hechos que ocurran en nuestro país en el mediano plazo, jugará un papel preponderante en el tiempo anterior y en el desarrollo del Plebiscito mismo, la capacidad de nuestra “clase política” para llegar a distintos acuerdos. Buen augurio de ello fue lo ocurrido el 19 de marzo último.
* Investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor.
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