Tema
Reclamo de ilegalidad rechazado
Respaldó el criterio de la Superintendencia de Educación que calificó como infracción grave la entrega incompleta de certificados bancarios para acreditar la disponibilidad total de recursos públicos, confirmando la privación del 2% de la subvención general por seis meses.
26 de febrero de 2026
Acción protección rechazada
Respaldó el criterio que rechazó paralizar el proceso administrativo por el solo transcurso del tiempo, precisando que la suspensión legal por causa penal y la invalidación solicitada por el propio funcionario justifican su extensión, sin configurarse arbitrariedad ni vulneración de garantías.
19 de febrero de 2026
Reclamo de ilegalidad rechazado
Ratificó que el procedimiento sancionatorio se ajustó a la normativa educacional vigente y que el establecimiento estaba obligado a activar el protocolo frente a denuncias de maltrato escolar, con independencia de su calificación final.
10 de enero de 2026
Acción protección rechazada
Ratificó que el ordinario del Instituto de Previsión Social se dictó dentro de sus atribuciones y que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar el resultado de un procedimiento disciplinario ya afinado.
18 de septiembre de 2025
Recurso de protección acogido.
Al haberse extendido la investigación sumaria por casi 7 años respecto al recurrente, sin que la administración haya demostrado o explicado que la demora se haya producido por caso fortuito o fuerza mayor, corresponde declarar la imposibilidad material de continuar dicho proceso y el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio.
17 de marzo de 2025
Corte anula acto administrativo
Cuando un procedimiento administrativo excede los plazos razonables sin justificación, los actos dictados pierden su eficacia. En este sentido, el decaimiento del acto administrativo es una consecuencia directa de la dilación indebida, que no solo afecta la legalidad del acto, sino también su aplicabilidad y validez.
17 de enero de 2025
Recurso de casación en el fondo rechazado.
En el caso de actos administrativos dictados por el alcalde o sus funcionarios, la vía de impugnación específica es la reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, sin que exista ninguna razón para privar del ejercicio de tal acción a una persona directamente agraviada por aquél, sólo por el hecho de ser un funcionario municipal.
14 de diciembre de 2023