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#destitución de funcionario público

Empleo público y probidad administrativa

CS confirma destitución de funcionario de SERNATUR por viajar a Argentina durante licencia médica

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había acogido un recurso de protección presentado por un funcionario del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), destituido tras viajar a Mendoza, Argentina, mientras se encontraba con licencia médica y reposo…

25 de octubre de 2026

Corte valida sanción por licencia

Destitución por licencia médica: Corte Suprema valida sanción pese a cuestionamientos de proporcionalidad

Descartó ilegalidad en la destitución de un funcionario municipal que viajó al extranjero con licencia médica, mientras que un voto disidente estimó que la sanción resultaba desproporcionada y carente de debida motivación.

28 de mayo de 2026

Acción protección rechazada

Viajó a Perú con licencia médica para asistir al cumpleaños de su madre: Corte Suprema valida destitución

Descartó arbitrariedad en la sanción aplicada a una funcionaria de la Superintendencia de Educación que salió del país mientras mantenía reposo médico total —aunque, según alegó, lo hizo para asistir al cumpleaños de su madre en Perú—, afirmando que el uso de licencias médicas para fines particulares constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa.

12 de mayo de 2026

Acción protección rechazada

Corte Suprema valida destitución de funcionaria municipal por uso indebido de licencia médica para viajar al extranjero

Concluyó que la conducta constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa, descartando ilegalidad o arbitrariedad en el sumario disciplinario que culminó con la medida de destitución.

13 de marzo de 2026

Recurso de protección rechazado

Corte Suprema descarta vulneración de derechos por destitución de docente municipal que viajó al extranjero con licencia médica

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Valdivia y rechazó el recurso de protección deducido por una docente municipal en contra de la Municipalidad de Futrono, al estimar que el uso de una licencia médica psiquiátrica para viajar fuera del país configura una infracción grave al principio de probidad administrativa que justifica la sanción de destitución.

04 de marzo de 2026

Acción protección rechazada

Corte Suprema delimita el alcance del recurso de protección frente a sanciones disciplinarias en la Tesorería General de la República

Reafirma el carácter cautelar de la acción constitucional y descarta que esta vía permita revisar el mérito o la proporcionalidad de sanciones de destitución impuestas en sumarios administrativos regularmente tramitados.

26 de enero de 2026

Acción protección rechazada

Corte Suprema valida actuación de la CONADI y aclara alcance del control judicial sobre procedimientos disciplinarios

Precisa que el sumario fue revisado y confirmado por la Contraloría y que la acción de protección exige acreditar un acto ilegal o arbitrario, por lo que no procede reexaminar el mérito ni la valoración administrativa de los antecedentes.

07 de diciembre de 2025

Acción protección rechazada

Corte Suprema valida destitución en el SLEP Colchagua y refuerza estándares de probidad y motivación en sanciones disciplinarias

Respalda el actuar del servicio al estimar que el sumario acreditó conductas contrarias a la probidad y que la resolución sancionatoria contiene un análisis adecuado sobre proporcionalidad, antecedentes y descargos del afectado, descartando vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa.

05 de diciembre de 2025

Requerimiento de inaplicabilidad.

Alcalde de Municipalidad de Loncoche impugna ante el Tribunal Constitucional norma que permite a la Contraloría General de la República destituirlo de su cargo por uso indebido de vehículo fiscal.

Alega que al igual que en el caso del presidente Petro de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en sostener que la destitución de un funcionario público democráticamente electo por una autoridad administrativa vulnera los derechos políticos, de modo que el ente contralor no posee las facultades de destituir a los ciudadanos que ocupan cargos de elección popular.

03 de marzo de 2024