Corte Suprema valida actuación de la CONADI y aclara alcance del control judicial sobre procedimientos disciplinarios

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la acción de protección deducida por un exdirector regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en contra de dicho organismo, alegando que su destitución se fundó en un sumario viciado y contrario al debido proceso.

El recurrente alegó que la destitución carecía de sustento legal al haberse tramitado un sumario plagado de vicios que comprometían la validez del procedimiento. Sostuvo que el fiscal ad hoc designado no cumplía con el requisito de rango establecido en el Estatuto Administrativo y, además, se encontraba en una relación de subordinación directa respecto de él, lo que afectaría su imparcialidad. Añadió que la notificación de cargos se practicó sin cumplir las exigencias legales y que la autoridad no valoró adecuadamente la prueba rendida, omitiendo antecedentes exculpatorios y basándose en elementos que consideró infundados. A su juicio, la sanción aplicada resultaba desproporcionada y vulneraba derechos como la honra, la igualdad ante la ley y la garantía de un procedimiento racional y justo.

Por su parte, la CONADI solicitó el rechazo de la acción, argumentando primero su extemporaneidad y, en subsidio, la improcedencia del recurso de protección para impugnar un sumario administrativo que cuenta con vías y estándares propios de revisión. Sostuvo que el procedimiento disciplinario se desarrolló conforme al Estatuto Administrativo, garantizando al funcionario la notificación de cargos, presentación de descargos, rendición de prueba y utilización de recursos administrativos. Añadió que la destitución se fundó en infracciones graves al principio de probidad, consistentes en intervenciones indebidas en procesos de contratación y solicitudes de donaciones a consultoras vinculadas al servicio. Asimismo, destacó que la Contraloría General de la República revisó y confirmó íntegramente la regularidad del procedimiento, descartando los supuestos vicios denunciados por el recurrente.

La Corte de Iquique, tras revisar los antecedentes de hecho y de derecho, recordó que la acción de protección sólo procede cuando se verifica un acto ilegal o arbitrario que afecte de manera actual y directa garantías constitucionales, lo que exigía determinar si en la tramitación del sumario administrativo existió algún vicio capaz de configurar dicha afectación. El tribunal advirtió que el recurrente estructuró su impugnación en torno a supuestas irregularidades formales y de fondo del procedimiento disciplinario, así como a una presunta falta de proporcionalidad en la sanción, por lo que el análisis debía centrarse en la existencia real de tales defectos y en su eventual impacto en los derechos invocados.