Diario Constitucional

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#INTERÉS GENERAL

Imagen: ChatGPT/Elke

No renovación de contratas

Confianza legítima. El principio de presunción de inocencia y la no renovación de contrata como gestión administrativa y no como sanción por falta grave a la probidad funcionaria

El presente artículo analiza los fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y de la Corte Suprema que rechazaron un recurso de protección deducido por dos ex funcionarias a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales, en el que se discutió la aplicación del principio de confianza legítima frente a la decisión de no renovar sus contratas por existir una investigación penal y un sumario administrativo en curso. Se examina, en particular, la tensión entre dicho principio, la probidad administrativa y la presunción de inocencia, a la luz de los antecedentes procesales del caso.

22 de julio de 2026

Imagen: ChatGPT/Elke

Facultades de concejales

Contraloría aclara que concejales pueden pedir información directamente al alcalde

El órgano de control sostuvo que los municipios no pueden exigir que todas las solicitudes de información de los concejales sean aprobadas previamente por el Concejo ni canalizadas solo por la Secretaría Municipal. No obstante, reiteró que los ediles no pueden gestionar intereses particulares de vecinos, aunque sí pueden poner en conocimiento de la autoridad problemas de interés general para la comunidad.

20 de julio de 2026

Imagen: Radio Agricultura

Probidad municipal

Contraloría advierte a alcalde de Huechuraba por vincular obra municipal con promesa de campaña en redes sociales

El órgano de control sostuvo que la autoridad debe abstenerse de publicar en redes sociales, personales o institucionales, mensajes que asocien actividades, obras o servicios municipales con compromisos electorales. La Contraloría estimó que esa conducta podría afectar la probidad administrativa, al presentar como logro personal una gestión que corresponde al municipio como institución.

19 de julio de 2026

El “buen vivir” en la ciudad como fin del Derecho Urbanístico

Urbanismo y calidad de vida

El “buen vivir” en la ciudad como fin del Derecho Urbanístico

El Derecho Urbanístico se configura como una disciplina orientada a regular la planificación y el uso del suelo, con el objetivo de ordenar el desarrollo de las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas. A partir de diversas definiciones doctrinarias, se releva su carácter normativo y su estrecha vinculación con la planificación administrativa, destacando que su finalidad última es alcanzar el “buen vivir” urbano mediante un desarrollo sostenible, integrado y socialmente inclusivo.

18 de marzo de 2026

Imagen: La Tercera

Distintividad en marcas

Cuando una letra no basta: una mirada legal a la disputa entre Pirelli y La Polar

La decisión de INAPI que desestima la oposición de Empresas La Polar frente al registro marcario solicitado por Pirelli reafirma los límites de la protección de marcas, recordando que el derecho marcario no ampara elementos aislados carentes de distintividad y que su función no puede derivar en monopolios indebidos contrarios a la libre competencia y al interés general.

14 de enero de 2026

Imagen: elmostrador.cl

Recurso de protección rechazado

Corte Suprema revoca fallo y confirma destitución de funcionario municipal por viajar al extranjero durante licencia médica

Rechazó protección de auxiliar de la Municipalidad de Punta Arenas. Considera que el uso indebido de la licencia médica constituye una infracción grave a la probidad administrativa. Estima que el procedimiento disciplinario respetó el debido proceso. Establece que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar la proporcionalidad de sanciones administrativas. Sanción de destitución fue legal y razonable.

18 de diciembre de 2025

imagen: epale.ec.europa.eu

Impuesto a la renta erasmus

Impuesto a la renta del progenitor de un beneficiario del programa Erasmus+ que está a su cargo no puede ser calculado teniendo en cuenta el importe abonado al hijo, resuelve el TJUE.

Tener en cuenta la ayuda a la movilidad de la que disfrutó un hijo a cargo para determinar la cuantía de la deducción de base a la que tiene derecho un progenitor contribuyente por ese hijo, con la consecuencia de que se pierda el derecho a incrementar dicha deducción al calcular el impuesto sobre la renta, constituye una restricción al derecho de libre circulación y de residencia.

20 de enero de 2025

imagen: serargentino

Derecho al honor.

Artículos disponibles en motor de búsqueda de Google que vinculan a mujer y a su hijo con barra brava de River Plate no son injuriantes, resuelve un tribunal argentino.

Cuando el contenido de los sitios de internet tiene relación con noticias de relevancia, no necesariamente aparece un derecho franco a privar de manera indiscriminada a toda una comunidad de la posibilidad del acceso irrestricto a los contenidos así publicados, a pesar de que hayan transcurrido varios años.

24 de diciembre de 2024

imagen: lemontech

Restricciones a la adquisición de

Normativa alemana que prohíbe a un inversor puramente económico participar en una sociedad de abogados no contraviene el Derecho de la Unión, resuelve el TJUE.

Esta restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales está justificada por razones imperiosas de interés general. Un Estado miembro puede considerar que un abogado no puede ejercer su profesión de manera independiente, si forma parte de una sociedad en la que determinados socios son personas que actúan exclusivamente como inversores puramente económicos, sin ejercer la profesión de abogado.

23 de diciembre de 2024

imagen: larepublica.net

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Comunicaciones electrónicas recabadas en investigaciones penales sobre hechos graves no pueden ser utilizadas para acreditar actos de corrupción conocidos en sede administrativa, en virtud del derecho de la UE.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.

14 de septiembre de 2023

imagen: ciperchile

Por unanimidad.

Normas del Estatuto Administrativo que establecen las medidas disciplinarias que se pueden aplicar a los funcionarios, entre ellas la destitución, no producen resultados contrarios a la Constitución, resuelve el Tribunal Constitucional.

Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.

14 de marzo de 2023

imagen: cursosycarreras.cl

Corte Constitucional de Colombia.

Inhabilidad de condenados para ingresar a la administración pública es lícita y busca precaver que la falta de idoneidad del postulante afecte la función pública.

Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Buscan garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público, para que prime el interés general sobre el particular.

03 de septiembre de 2022

Imagen: economipedia.com

Protección de bienes jurídicos

El concepto de la función administrativa

Una función administrativa se plantea en la resolución de conflictos, en que el Estado se encuentra obligado a brindar protección a bienes jurídicos, que sólo afectan un interés general, es decir, que sólo brindan una protección mediata o refleja del individuo. Para ello, el legislador puede, o bien limitar la libertad de un individuo (ej. requisitos sanitarios); o bien otorgar al particular un poder jurídico para exigir una conducta positiva del Estado, sin limitar la libertad de otro individuo (ej. prestaciones directas de derecho social o deberes de protección).

10 de noviembre de 2020