Tema
Protección de tierras indígenas
La columna analiza el conflicto surgido entre el SAG y la Contraloría respecto de la subdivisión de tierras indígenas, advirtiendo que la falta de coordinación institucional y de un catastro integral amenaza la eficacia de la protección establecida en la Ley N°19.253 frente a procesos de fragmentación y comercialización irregular de predios indígenas.
18 de mayo de 2026
Nulidad en compraventa indígena
Rechazó casación y validó fallo que anuló contrato por objeto ilícito, ordenando restitución del predio y cancelación de inscripciones registrales.
24 de abril de 2026
Primera Sala
Requirentes acusan discriminación al excluir a siete pueblos del Consejo Nacional, mientras CONADI sostiene que la acción carece de fundamento plausible y efecto decisivo en el caso. Si se declara admisible el Pleno del Tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo de la impugnación.
05 de abril de 2026
Casación fondo rechazada
Ratifica fallo que acogió demanda reivindicatoria sobre hijuela de 4,55 hectáreas y que el inmueble es tierra indígena derivada de un Título de Merced. Confirma validez del dominio del demandante, adquirido por sucesión hereditaria. Desestima prescripción adquisitiva alegada por los demandados, al no acreditar un título inscrito posterior. Reafirma que la prescripción entre indígenas también requiere título inscrito para bienes raíces sujetos al sistema registral.
20 de noviembre de 2025
Cámara de Diputados.
La Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite un proyecto originado por diputadas y diputados que permite incorporar a este pueblo dentro del listado de etnias que el Estado reconoce.
04 de septiembre de 2023
Ley 19.253 y Transparencia activa.
A menos desde la vigencia de la Ley de Transparencia 20.285, CONADI debe otorgar libre acceso al mencionado Registro Público a la ciudadanía.
02 de noviembre de 2022
Amparo deacceso a la información.
La entrega de estos antecedentes constituye una herramienta eficaz que permite un control social sobre el proceso que ejecuta el organismo, en específico, posibilita fiscalizar que las condiciones exigidas por la ley para la constitución de las agrupaciones indígenas se cumplan correctamente.
31 de agosto de 2022