Tema
Derecho al recurso
Se solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable, por inconstitucional, la expresión “Sólo”, contenida en el artículo 8°, número 9, de la Ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos.
21 de octubre de 2026
No vulnera el debido proceso.
La Magistratura concluyó que la prohibición contenida en la Ley N°18.101 forma parte de un diseño procesal especial basado en la brevedad, concentración y oralidad, descartando vulneraciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva
23 de mayo de 2026
Rechazo unánime a inaplicabilidad
El Tribunal Constitucional descartó infracción al debido proceso y al derecho a defensa, afirmando que la norma no presume el emplazamiento sino solo el domicilio, respondiendo a criterios de razonabilidad y certeza procesal. Enfatizó que fue el propio arrendatario quien se puso en situación de no recibir notificación al desocupar voluntariamente el inmueble
20 de mayo de 2026
Arrendamiento de bienes urbanos
La acción de inaplicabilidad cuestiona el artículo 7 de la Ley N° 18.101 en una causa actualmente en apelación ante la Corte de Santiago, al estimar que su aplicación validaría cobros indebidos, desconocería la cosa juzgada y afectaría el debido proceso y el derecho de propiedad del requirente
11 de febrero de 2026
Requerimiento de inaplicabilidad
El requirente sostiene que la norma vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al impedir a la Corte de Apelaciones revisar medidas que podrían evitar perjuicios irreparables mientras se conoce el recurso. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento, para luego eventualmente pronunciarse el Pleno sobre el fondo.
08 de octubre de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad
La requirente sostiene que el procedimiento monitorio para el desalojo del inmueble que habita vulnera sus derechos fundamentales, al impedir su participación como tercero con interés legítimo, limitar su derecho de defensa y no garantizar notificación efectiva. Señala que estas restricciones constituyen una discriminación arbitraria y desproporcionada frente al demandado principal.
11 de septiembre de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad
El requirente cuestiona normas de la Ley de Arrendamiento Urbano que fijan como domicilio del demandado el inmueble arrendado y restringen la apelación en el procedimiento monitorio, alegando que estas disposiciones vulneran el debido proceso y la igualdad ante la ley al impedir una defensa efectiva y la revisión de fallos por tribunales superiores.
03 de septiembre de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad
El requirente plantea que el artículo 8, numeral 9), segundo párrafo, de la Ley 18.101 impide al demandado solicitar orden de no innovar durante la apelación de una sentencia definitiva en un procedimiento sumario especial. Sostiene que la gestión pendiente involucra un juicio complejo sobre la verdadera naturaleza de un contrato, cuya ejecución inmediata podría afectar gravemente los derechos del recurrente.
20 de agosto de 2025
Fallo unánime
La Magistratura concluyó que la notificación realizada conforme al Código de Procedimiento Civil no vulnera el debido proceso, que la presunción de domicilio del arrendatario en el inmueble arrendado es racional y justa, y que la acción planteada se refiere a cuestiones procesales que deben resolverse ante la justicia ordinaria, sin afectar la constitucionalidad de la norma.
14 de agosto de 2025
Con votos en contra
Se acogió un requerimiento contra la norma que consagra la presunción legal que fija como domicilio del demandado el inmueble arrendado para efectos de su notificación, al estimar que su aplicación en el caso concreto vulnera el derecho a defensa y a un debido proceso, al impedir evaluar si el demandado tuvo conocimiento efectivo de la demanda. El voto en contra estimó que se trata de un problema de interpretación legal y no de constitucionalidad
22 de julio de 2025
Recurso de casación en el fondo acogido.
Resolvió que la acción de precario no procede, ya que la ocupación del inmueble está justificada por un contrato de arrendamiento suscrito con el anterior propietario, el cual, aunque no necesariamente oponible al nuevo comprador, vincula a la demandada con el inmueble, por lo que el conflicto debe resolverse bajo las normas aplicables al contrato de arrendamiento.
09 de noviembre de 2024
Inaplicabilidad rechazada con votos en contra.
07 de septiembre de 2023