Requieren al TC inaplicar restricción que impidió apelar el rechazo de un abandono del procedimiento en juicio de arrendamiento

Aclara que no pretende que el Tribunal Constitucional revise lo resuelto por los tribunales ordinarios ni actúe como una tercera instancia, sino que examine los efectos concretos que la palabra “Sólo” produciría en la causa pendiente.

La requirente denuncia, en primer lugar, la vulneración del artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución, en cuanto garantiza el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente en su dimensión de derecho al recurso. Para fundamentar este reproche, cita la sentencia del Tribunal Constitucional Rol N°14.015-2023, relativa a la posibilidad de solicitar a un tribunal superior la revisión de lo resuelto por uno inferior.

También invoca la sentencia Rol N°11.363-2021, en la que la Magistratura Constitucional acogió un requerimiento contra la expresión “sólo” del artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, por impedir la apelación de resoluciones relacionadas con cuestiones relevantes. Añade como referencia la sentencia Rol N° 7.920-2019.

En segundo lugar, sostiene que la restricción carece de justificación suficiente en el caso concreto. Reconoce que la limitación de los recursos en los juicios de arrendamiento persigue dar celeridad al procedimiento, cuya estructura concentra la discusión y resolución de incidentes en la audiencia y en la sentencia definitiva. Sin embargo, argumenta que esa justificación no se aplica de igual forma al abandono del procedimiento, institución general regulada en los artículos 152 a 157 del Código de Procedimiento Civil, que fue planteada después de dictarse la sentencia definitiva.

En tercer lugar, denuncia la infracción del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho a ser oído con las debidas garantías y a contar con un recurso sencillo y efectivo.

En cuarto lugar, afirma que la norma afecta la esencia del derecho, en contravención del artículo 19 N° 26 de la Constitución, porque no se limita a regular el ejercicio de la apelación, sino que elimina la posibilidad de impugnar una decisión que determina si el procedimiento subsiste o se extingue.

La requirente también desarrolla un examen de proporcionalidad. Aunque reconoce que la norma persigue un fin legítimo, consistente en asegurar la celeridad de los juicios de arrendamiento, sostiene que la restricción no sería idónea, pues el incidente se presentó cuando ya no existía una tramitación concentrada que proteger. Tampoco sería necesaria, agrega, porque la legislación contempla alternativas menos gravosas, como conceder las apelaciones en el solo efecto devolutivo y darles preferencia para su vista.

Finalmente, estima que la medida resulta desproporcionada, pues el beneficio formal de acelerar el procedimiento no justificaría la pérdida total de la revisión judicial, especialmente mientras avanza el cumplimiento del fallo. Añade que ha agotado las vías ordinarias disponibles —apelación, reposición y queja— y que la inaplicabilidad sería el único medio para evitar que se consolide la privación del derecho al recurso.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional no admitió a trámite el requerimiento, por no haberse acompañado el certificado exigido por el artículo 79 de la ley Orgánica Constitucional de Tribunal Constitucional, y otorgó a la requirente un plazo de tres días para subsanar esa omisión, bajo apercebimiento de tenerlo por no presentado. De cumplirse ese trámite, la Sala deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite y, luego, sobre su admisibilidad; en caso de declararse admisible, corresponderá al pleno pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento Tribunal Constitucional Rol N°18.130-26-INA y expediente.