Tema
Residencia definitiva y orden de abandono
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano venezolano en contra del Servicio Nacional de Migraciones y dejó sin efecto la resolución que había rechazado su solicitud de residencia definitiva y ordenado su abandono del país. El tribunal dispuso…
11 de septiembre de 2026
Arraigo familiar
El máximo Tribunal estimó que el Servicio Nacional de Migraciones incurrió en ilegalidad al no fundamentar adecuadamente la expulsión de un ciudadano dominicano condenado por tráfico de drogas, omitiendo analizar su arraigo familiar y la existencia de dos hijas chilenas menores de edad, circunstancia que debía ser considerada conforme al artículo 129 de la Ley de Migraciones.
26 de febrero de 2026
Inmigrante con arraigo familiar
Acogió reclamación contra resolución que ordenaba la salida del país, considerando el prolongado retraso en su notificación, el cambio normativo que obliga a la autoridad a reevaluar su situación conforme a la Ley N° 21.325, su arraigo familiar y la existencia de un hijo chileno. Ordenó un nuevo pronunciamiento conforme a la normativa vigente
16 de febrero de 2026
Migración y Extranjería
La Corte sostuvo que la autoridad migratoria aplicó una causal legal expresa y ponderó adecuadamente los criterios del artículo 129 de la Ley de Migración, descartando que la existencia de vínculos familiares impida ejecutar la expulsión cuando existe condena penal por tráfico de drogas.
01 de febrero de 2026
Migración y Extranjería
El tribunal estimó que la autoridad migratoria actuó conforme a derecho al disponer la expulsión de un ciudadano extranjero que permaneció en Chile por más de una década en situación irregular, pese a existir una orden administrativa firme de abandono del país y un impedimento legal para regularizar su residencia por antecedentes penales.
01 de febrero de 2026
Migración y Extranjería
El máximo Tribunal respaldó que la autoridad migratoria no acreditó una notificación válida del procedimiento sancionatorio ni ponderó adecuadamente el arraigo familiar y laboral de la reclamante, lo que vulneró el debido proceso y tornó desproporcionada la medida de expulsión.
30 de enero de 2026
Migración y Extranjería
La Corte estimó que la medida de expulsión carecía de proporcionalidad y que la autoridad migratoria no acreditó haber respetado debidamente el derecho a defensa de la afectada, al no demostrar una notificación efectiva del procedimiento sancionatorio ni ponderar adecuadamente su arraigo familiar y laboral en el país.
27 de enero de 2026
Recurso de protección acogido
La Corte de Santiago estimó que la autoridad migratoria no justificó de manera concreta por qué el solicitante, pese a su arraigo familiar, permanencia prolongada en el país y ejercicio profesional, no se encontraba en una situación calificada o humanitaria, ordenando emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre su regularización.
27 de enero de 2026
Situación migratoria irregular
El máximo Tribunal estimó que la autoridad migratoria incurrió en una ilegalidad sobreviniente al no analizar una circunstancia relevante y posterior al acto administrativo —el embarazo de la reclamante—, ordenando dejar sin efecto la expulsión y dictar una nueva resolución que valore adecuadamente el arraigo familiar conforme a la Ley de Migración.
04 de enero de 2026
Reclamación rechazada
El máximo Tribunal concluyó que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal legal grave de expulsión y que no se acreditaron antecedentes suficientes que obligaran a la autoridad a abstenerse de ejercer su potestad sancionatoria, pese a las circunstancias familiares invocadas.
28 de diciembre de 2025
Corte Suprema
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que acogió el reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones, al concluir que la orden de expulsión fue dictada sin considerar todos los factores exigidos por la Ley de Migraciones, en particular la existencia de un hijo chileno de la reclamante, lo que impedía una adecuada ponderación del interés superior del niño y de la unidad familiar. Se ordenó un nuevo pronunciamiento que considere dicho antecedente.
28 de diciembre de 2025
Arraigo familiar
El máximo Tribunal acogió el reclamo de ilegalidad al determinar que el Servicio Nacional de Migraciones dictó la expulsión sin evaluar la existencia del hijo chileno de la afectada, elemento que, según la Constitución, la Ley N°21.325 y la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga a ponderar el interés superior del niño y la protección de la vida familiar, por lo que ordenó emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.
02 de diciembre de 2025
Reclamación rechazada
El tribunal descartó que el Servicio Nacional de Migraciones actuara ilegalmente al disponer la expulsión, al estimar que la condena por tráfico de drogas configura una causal directa prevista en la ley y que los antecedentes familiares del afectado no permiten desvirtuar la legalidad ni proporcionalidad de la medida.
01 de diciembre de 2025
Situación migratoria irregular
El tribunal confirmó la legalidad de la expulsión, al establecer que el extranjero permaneció en Chile con permiso de turista vencido y trabajó sin autorización, descartando que el pago de la multa o el alegado arraigo justificaran dejar sin efecto la medida.
29 de noviembre de 2025
Reclamación acogida
El máximo Tribunal confirmó la resolución de la Corte de Valdivia que dejó sin efecto la expulsión de una ciudadana venezolana, al estimar que el Servicio no ponderó adecuadamente los antecedentes familiares de la afectada, entre ellos la existencia de un hijo chileno de dos años y el arraigo de sus otros dos hijos en el país.
25 de noviembre de 2025
Reclamación rechazada
El tribunal confirmó que la autoridad migratoria actuó dentro de sus facultades al disponer la expulsión, tras comprobar la existencia de antecedentes penales y la permanencia irregular del extranjero en el país, descartando que la medida afectara injustificadamente su derecho a la vida familiar.
10 de noviembre de 2025
Reclamación acogida
El tribunal dejó sin efecto la orden de expulsión al estimar que se dictó con base en una norma reglamentaria que excedía lo dispuesto en la ley vigente, infringiendo el principio de legalidad y vulnerando derechos constitucionales del afectado.
10 de noviembre de 2025
Reclamación rechazada
El tribunal desestimó la reclamación presentada contra el Servicio Nacional de Migraciones, al concluir que la medida de expulsión se ajusta a derecho y fue adoptada mediante resolución fundada, considerando la condena penal de la extranjera y su permanencia irregular en el país.
01 de noviembre de 2025
Reclamación acogida
El máximo Tribunal confirmó la decisión de la Corte de Copiapó que dejó sin efecto una orden de expulsión dictada en 2007 contra una ciudadana boliviana, luego de que fuera notificada 18 años después. La resolución se fundamentó en la pérdida de eficacia del acto administrativo por decaimiento, al haberse producido un retraso excesivo e injustificado que tornó inútil la finalidad sancionatoria y vulneró los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley.
22 de octubre de 2025
Situación migratoria irregular
El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Concepción, y determinó que la expulsión y la prohibición de ingreso se ajustan a la normativa vigente, al haberse constatado que ingresó por un paso no habilitado junto a su familia y sin regularizar su situación migratoria, sin que sus vínculos familiares, sociales o laborales constituyeran impedimento legal para la medida.
06 de octubre de 2025
Reclamación rechazada
El máximo Tribunal determinó que el ingreso por un paso no habilitado constituye causal grave de expulsión y que los alegatos de arraigo familiar, social y laboral no impedían el ejercicio de las potestades legales, dado que los familiares del reclamante también se encontraban en situación irregular y que él trabajaba al margen de la ley.
30 de septiembre de 2025
Situación migratoria irregular
Acogió la acción cautelar presentada por una ciudadana dominicana por la dilación en iniciar un procedimiento sancionatorio por ingreso irregular. La demora, que superó el plazo legal de seis meses, mantenía a la recurrente en incertidumbre sobre su situación migratoria. Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse en un plazo de treinta días, formalizando el procedimiento en caso afirmativo.
30 de agosto de 2025
Reclamación rechazada
El máximo Tribunal revocó la sentencia de la Corte de Talca y confirmó la expulsión de una ciudadana venezolana por ingreso irregular, rechazando sus alegaciones de arraigo familiar. La decisión contó con un voto en contra que señaló que la decisión desconoció las circunstancias personales de la extranjera, ya que su familia vive en Chile y cuida a su nieto, por consiguiente, vulneró los principios fundamentales de reunificación familiar y el interés superior del niño.
25 de agosto de 2025
Recurso de protección acogido
El máximo Tribunal señaló que la falta de documentos de identidad no constituye un impedimento para que un menor de edad gestione su residencia temporal en Chile. Asimismo, precisó que archivar los antecedentes de la solicitud vulnera la normativa vigente de protección de niños, niñas y adolescentes, así como la garantía constitucional de igualdad ante la ley, y ordenó que el procedimiento se tramite de inmediato conforme a los requisitos legales correspondientes.
21 de agosto de 2025
Situación migratoria irregular
El máximo Tribunal rechazó un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por el rechazo a la solicitud de residencia definitiva y la orden de abandono. Señaló que la autoridad actuó conforme a la ley al exigir el pago de una multa como requisito y que el recurrente no subsanó la falta dentro del plazo otorgado
16 de julio de 2025
Recurso de protección acogido
La Corte constató contradicciones entre los informes de la Policía de Investigaciones y del Servicio Nacional de Migraciones, además de la falta de entrega de documentos clave para el inicio del procedimiento sancionatorio
09 de julio de 2025
Corte acoge nulidad laboral
Al haberse concluido que el despido del cual fue objeto la demandante es improcedente y que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante la vigencia de la relación laboral, procede acceder a la nulidad del despido impetrada.
11 de enero de 2025