Ejecutivo remitió al Congreso proyecto de ley que regula el ingreso ético familiar.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que la encuesta Casen 2009 dejó en evidencia que cerca de 2,6 millones de chilenos, el 15,1% de nuestra población, viven inmersos en la pobreza, con ingresos que no les alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica; y que casi 600 mil compatriotas, el 3,7%, viven en condición de indigencia, esto es, con ingresos que ni siquiera les cubren sus necesidades de alimentación. A ello hay que sumar otra dura realidad: la de millones de personas de clase media vulnerable que viven en una situación de pobreza encubierta, es decir, con el constante temor de enfermarse, llegar a la vejez o perder su trabajo, porque cualquiera de esas circunstancia les significaría, con una alta probabilidad, caer en la pobreza. De hecho, entre 1996 y 2006, uno de cada tres chilenos estuvo, al menos una vez, viviendo bajo la línea de pobreza, lo que demuestra que lejos de ser estática ella corresponde a una condición dinámica, de la cual se puede salir y volver a entrar muchas veces.

Observa luego que, el Ingreso Ético Familiar es una política social moderna e inédita en nuestro país. Se trata de un instrumento de promoción y ascenso social, que se refleja a través de un conjunto de transferencias monetarias directas de recursos públicos, que suplementarán los ingresos autónomos de las familias más pobres y de clase media desvalida, de manera que puedan superar su condición de pobreza y aliviar las condiciones derivadas de su alta vulnerabilidad.

A los fines expuestos y para evitar transformar a sus beneficiarios en sujetos pasivos y dependientes del Estado, el proyecto de ley contempla un Ingreso Ético Familiar diseñado sobre tres pilares fundamentales; el primero, denominado el pilar de la dignidad, que contempla transferencias incondicionadas dirigidas a todos quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, y que actualmente corresponden a cerca de 170.000 familias, o 640.000 personas, con el propósito de asegurarles una calidad de vida compatible con la dignidad humana.