Requerimiento de inaplicabilidad.
Norma que permite sólo al Ministerio Público apelar en contra del auto de apertura del juicio oral por exclusión de pruebas, se acoge a trámite por el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, el derecho a un procedimiento racional y justo, en su vertiente del derecho al recurso, entre otras garantía, ya que establece como único legitimado activo del recurso de apelación a la Fiscalía, en desmedro de los demás intervinientes.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° del artículo 277 del Código Procesal Penal.
El precepto legal impugnado establece:
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