Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Para pronunciarse sobre su admisibilidad TC admitió a trámite inaplicabilidad presentada por Marcos Enríquez Ominami que persigue recuperar sus derechos políticos.
La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, para pronunciarse sobre su admisibilidad, un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 17, inciso primero, de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
El precepto impugnado establece, en lo que interesa, que “Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que Marcos Enríquez Ominami alega que no se le permitió inscribir su candidatura a primarias para el cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas, por considerarse erróneamente que tiene su derecho a sufragio suspendido.
Te puede interesar
Igualdad ante la ley, debido proceso y libertad de trabajo.
Marcos Enríquez Ominami impugna ante el Tribunal Constitucional norma para recuperar sus derechos políticos.
Por unanimidad.
TC declara admisible inaplicabilidad pretendida por ex asesor de MEO en juicio en el que Tribunal ordenó suspender su derecho a sufragio, al ser acusado por delito que merece pena aflictiva en “Caso SQM”.
Por unanimidad.
TC declaró inadmisible inaplicabilidad de normas que permiten demandar a empresa en juicio monitorio. Esta alegó que sujetarse a ese procedimiento afectaría su garantía del debido proceso.
