TC rechazó acción de inaplicabilidad de norma contenida en Ley de Drogas que sanciona con destitución de su cargo a funcionario público que asuma defensa judicial de imputado por esa clase de delitos.

El requerimiento incide en una acción de protección interpuesta por un profesor de Derecho Penal ante la Corte de Valparaíso en la que pide se declare nulo el decreto universitario que lo sancionó con la medida disciplinaria de destitución de la administración del Estado, en aplicación del precepto legal impugnado, el cual, estima, vulneraría los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a la defensa jurídica, la libertad de trabajo y su protección, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.

Los Ministros Colombo, Cea, Venegas, Peña y Fernández Fredes desestimaron el requerimiento al estimar que el precepto legal tachado no vulnera los derechos constitucionales citados, no obstante que reconocen que establece diferencias de trato en dos ámbitos: a) Entre abogados que integran la Administración del Estado; y b) Entre abogados que forman parte de la Administración del Estado y otros ajenos a ella.