Diario Constitucional

Primera Sala.

TC declara inadmisible requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en contra de una norma de la LOC de Gobierno y Administración Regional por una facultad que se le otorga al Gobernador Provincial.

Los Ministros Fernández Baeza y Venegas estuvieron por aplicar en este caso lo preceptuado en el artículo 39, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41, ambos de la LOC del Tribunal Constitucional, en el sentido de otorgar plazo para subsanar los defectos de la acción o completar los antecedentes que hubieren sido omitidos.

Por Redacción·20 de agosto de 2008·2 min de lectura
TC declara inadmisible requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en contra de una norma de la LOC de Gobierno y Administración Regional por una facultad que se le otorga al Gobernador Provincial.
Referencial

El requerimiento incide en un recurso de protección que se encuentra en sede de apelación ante la Corte Suprema, interpuesto con el objeto de que se ordene al Gobernador Provincial de Antofagasta dejar sin efecto y anular una Resolución Exenta dictada al amparo de la facultad que le otorga la letra h) del artículo 4º de la Ley Nº 19.175, en orden a requerir a una empresa, en su calidad de comodataria de una pertenencia minera y de ocupante aparentemente ilegal, que restituya, bajo apercibimiento de ser desalojado con el auxilio de la fuerza pública, “la propiedad fiscal” que indica.

Se decide que la presentación no cumple con dos de las exigencias de admisibilidad previstas en la Constitución.

El TC observa que la Corte de Antofagasta fundó el rechazo de la acción de protección, básicamente, en dos consideraciones: 1) Que los recurrentes aducen, uno de ellos ser el titular del dominio de una concesión minera que entregó en comodato al otro, pero que no habrían cuestionado el dominio que corresponde al Fisco respecto del predio con el que se superpone, en parte, dicha propiedad minera; que tampoco invocaron derecho alguno a su favor que justifique la posesión u ocupación del inmueble fiscal; y 2) Que pese a denunciar la ilegalidad del acto administrativo, no han discutido la facultad legal que invocó el Gobernador para emitirlo.

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