Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 36 y 37 del Decreto Ley N° 2.222 de 1978, sobre Navegación, y los artículos 18 inciso 2°, 26 y 35 del Decreto con Fuerza de Ley N° 292/1953, sobre Marina Mercante.
Las normas objetadas, disponen: Artículo 36. “Los servicios de practicaje y pilotaje dependerán de la Dirección. Habrá Prácticos Oficiales, que son oficiales de esta especialidad de la Armada del escalafón de Oficiales de los Servicios Marítimos y Prácticos autorizados, que son aquellos designados por la Dirección de entre los Capitanes de Alta Mar o ex Oficiales de cubierta de la Armada, de grado no inferior a Capitán de Fragata al momento de retiro, que cumplan los demás requisitos que establezca el reglamento. El pilotaje será desempeñado por los prácticos que designe la Dirección, y el practicaje por los que designe la Autoridad Marítima”.
Artículo 37. “Los prácticos, durante el desempeño de sus funciones, serán asesores del capitán en todo lo relativo a la navegación, a las maniobras y a la legislación y reglamentación de la República”.
Artículo 18, inciso 2°. “Cuando los necesidades del servicio lo requieran, el Director podrá nombrar Prácticos Autorizados para atender un servicio determinado, quienes sin ser empleados del servicio, gozarán de los emolumentos que por los servicios prestados determine el Reglamento General de Servicio de Prácticos, siendo aquéllos de cargo del armador o agente de nave que solicite tales servicios”.
Artículo 26. “Los Prácticos recibirán, además de su sueldo, el 20% de las entradas procedentes de las faenas que efectuaren. Esta suma no podrá exceder del 50% del sueldo base”.
Artículo 35. “El personal de Prácticos de la planta del servicio y los Prácticos Autorizados que a solicitud de un armador o agente de naves deban cumplir una comisión propia del servicio, sólo percibirán como viáticos y demás gastos de movilización los que fije el Reglamento de Servicio de Prácticos, los que serán de cargo del armador o agente de naves que solicitó tales servicios y serán ajustados con intervención de la autoridad marítima que los autorizó.
La gestión pendiente incide en los autos sobre recurso de protección que conoce la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El requirente estima que los preceptos en cuestión vulnerarían la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad y la garantía de certeza o seguridad jurídica en el goce esencial de los derechos y garantías conferidos por la Constitución y la ley, en relación con el artículo 5°, inciso 2° de la misma Carta.
Arguye que las disposiciones impugnadas, en cuanto son una ley habilitante, delegante o competencial previa, no dicen expresamente, ni advierten en forma previa, cómo, cuándo, por qué, ni por cuáles mejores razones o bien público superior, se pueden afectar esos derechos o garantías constitucionales por la vía del Reglamento, y es más (en especial la libertad de trabajo), resultar amagadas contra la Ley Suprema por una discriminación negativa sin fuente legal, todo lo que configura una “inconstitucionalidad indirecta”, sobreviniente.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 2694.
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