En días recientes, Amnistía Internacional publicó el Informe “Condenas a Muerte y Ejecuciones 2014”.
El texto señala que en esencia que la extensión del informe abarca la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014. Agrega que al igual que en años anteriores, “la información recopilada procede de diversas fuentes, entre ellas cifras oficiales, información procedente de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, información facilitada por otras organizaciones de la sociedad civil, e información publicada en los medios de comunicación”, debido a que en muchos países, los Gobiernos no publican información sobre el uso de la pena de muerte, lo que dificulta la confirmación, es el caso de Bielorrusia, China y Vietnam, donde la información sobre el uso de la pena de muerte está clasificada como secreto de Estado.
Al efecto, Amnistía Internacional sostiene haber registrado ejecuciones en 22 países, la misma cifra que en 2013, de las cuales se llevaron a cabo al menos 607 ejecuciones en todo el mundo, lo que supone una disminución de casi el 22 por ciento respecto a 2013. Sin embargo, el informe expresa que como en años anteriores, “esta cifra no incluye a los millares de personas ejecutadas en China. Asimismo, comenta que durante el año 2014, se tuvo noticia de la imposición de la pena de muerte de al menos 2.466 personas, lo que representa un incremento del 28% en comparación con 2013, el incremento se justifica en gran medida, al fuerte aumento de las condenas a muerte registradas en Egipto y Nigeria, donde los tribunales también impusieron condenas colectivas a decenas de personas en algunos casos.
En ese sentido, Amnistía Internacional informa que un número alarmante de países utilizaron en 2014, la pena de muerte para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna.
Por otra parte, el texto sostiene que entre los métodos de ejecución utilizados figuraron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el arma de fuego. De esta forma se condenó a muerte a personas por una serie de delitos no letales, como el robo, delitos relacionados con las drogas y delitos económicos. Hubo incluso personas condenadas a muerte por actos tales como “adulterio”, “blasfemia” o “brujería”, que ni siquiera deberían ser considerados delitos. Muchos países utilizaron la imprecisa denominación de “delitos políticos” para condenar a muerte a disidentes o presuntos disidentes.
Finalmente, el Secretario de General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, concluye manifestando que “Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas”.
Vea texto íntegro del Informe.
RELACIONADOS
* Amnistía Internacional se pronuncia sobre abusos en protestas desarrolladas en Venezuela…
*Amnistía Internacional publicó informe mundial sobre tortura…