Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, el inciso 2º del artículo 5º y parte del inciso 2º del artículo 10, ambos de la Ley de Transparencia, y parte del artículo 31 bis de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El primer precepto en cuestión dispone, en lo grueso, que “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración”.

Por su parte, respecto del artículo 10 de la Ley de Transparencia, se impugna que el acceso a la información comprenda  aquella contenida en actas, contratos y acuerdos, así como en toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga.

Finalmente, el referido artículo 31 bis establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración y desarrolla qué debe entenderse por ella.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de queja de que conoce la Corte Suprema.

El requirente estima que los preceptos impugnados son contrarios a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2º, de la Constitución Política, toda vez amplían el abanico de los antecedentes a los que se puede acceder, sin considerar que la Carta Fundamental fija un límite preciso a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y procedimientos,

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 2907-15.

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