La moción de los diputados Bellolio, Coloma, Gahona, Kast, Kort, Macaya, Nogueira, Norambuena, Trisotti y Ward, expone que la facultad fiscalizar los actos de gobierno, consagrada en el artículo 52 Nº 1 de la Carta Fundamental, radica en la Cámara de Diputados.

Observa luego que dicha facultad fiscalizadora no se agota con la norma constitucional, sino que además es desarrollada por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados, estableciendo además, otros mecanismos de fiscalización comúnmente ejercidos por los parlamentarios, entre las cuales destacan los oficios de fiscalización.

Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que sin perjuicio de lo minucioso que ha sido el legislador al establecer las facultades de los parlamentarios y la obligación que pesa sobre los organismos pertenecientes de la administración central del Estado, como asimismo a las empresas del Estado o en lo que este tenga participación, existe un vacío en torno a los plazos que pesan sobre éstos últimos en relación a las preguntas formuladas por los legisladores.

Asimismo, manifiestan que la falta de una clara delimitación temporal en la materia redunda en que en múltiples oportunidades tales oficios no sean contestados dentro de términos razonables sin que de este hecho deriven ulteriores responsabilidades.

Por lo antes expuesto, y con el objeto de establecer plazos que limiten el deber por parte de los organismos públicos de responder los denominados oficios de fiscalización, el proyecto de ley propone modificar el artículo 9º A de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Corresponde ahora que la moción sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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