TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que exige consignación previa para apelar.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la parte final del inciso primero del artículo 8º de la Ley Nº 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

La gestión judicial pendiente incide en autos ejecutivos laborales de que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

En su sentencia, y en cuanto a la naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales y su cobranza, se arguye que esta Magistratura ha señalado que constituyen de especial relevancia por estar destinadas a dar eficacia a derechos fundamentales que interesan a toda la sociedad” (STC Rol N° 519 c.12). En efecto, la cotización hace posible desde luego, el derecho a la seguridad social que ha sido definida como “el conjunto de principios que reconocen a todo ser humano el derecho a los bienes indispensables para prevenir sus contingencias sociales y cubrir sus efectos…” (STC Rol Nº1287, c. 25) y que “tiene su razón de ser en que los administrados están sujetos a contingencias sociales. La necesidad de proteger esas contingencias al ser humano y a los que de él dependen emana de su derecho a la existencia: de la obligación de conservar su vida y hacerlo en un nivel digno y acorde con la condición de tal. Así el derecho a la seguridad social constituye una directa y estrecha proyección de la dignidad humana a que alude el art. 1º, inc. 1º, CPR” (STC Rol Nº 790, c. 31)