Desestima posible utilización política.
CGR se pronuncia sobre eventual intervención electoral de autoridades con ocasión del proceso eleccionario municipal del año 2016.
El ente fiscalizador no apreció que el contenido del pacto en estudio infrinja el reseñado decreto Nº 255.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un grupo de diputados- que se requirieran los antecedentes del “Convenio de Cooperación Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales”, suscrito -en el marco del decreto N° 255, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar- por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI), el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), ambos de la región Metropolitana y la Municipalidad de Providencia, con el objeto de desarrollar obras de reparación y mejoramiento de los bienes comunes edificados, pertenecientes a “32 Blocks” del Conjunto Habitacional Unidad Vecinal Providencia y, además, que se investigue si aquel responde a una “utilización política del aparato público”.
Al respecto, la Contraloría señaló que los acuerdos de cooperación, suscritos entre distintas reparticiones públicas, suponen el desarrollo de actividades conjuntas para el cumplimiento de objetivos comunes, comprometiéndose las partes a realizar labores específicas y complementarias a fin de obtener resultados que beneficien a esas entidades, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a cada una, ni delegar el ejercicio de facultades que conforme a la ley se radican en su ámbito de competencia (aplica criterio contenido en el dictamen N° 18.082 de 2014).
Enseguida, precisó que el convenio de colaboración por el que se consulta tiene por objeto desarrollar obras de reparación y mejoramiento de los bienes comunes edificados en la Unidad Vecinal Providencia, que abarca 32 edificios, con un total de 1.954 departamentos, que ha evidenciado “el deterioro de sus bienes comunes edificados, como el de su equipamiento sanitario” y cuya reparación “sobrepasa la capacidad financiera de los hogares residentes, entre los que mayoritariamente se encuentra población adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad social”.
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