TC se pronunciará respecto del fondo de inaplicabilidad que impugna norma que faculta a jueces de Policía Local para fijar multa en caso de infracción a Ley General de Urbanismo y Construcción.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La gestión pendiente incide en un recurso de hecho de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.

La requirente estima que el precepto impugnado infringiría el derecho a no discriminación arbitraria en materia económica del Estado y el derecho de propiedad, ya que permite una privación sustantiva en el patrimonio de una persona al carecer absolutamente de criterios que permiten su aplicación; a lo que se agrega que las multas cursadas son a beneficio municipal por lo que existe un evidente interés entre la actuación del juez y la vinculación que tiene con su empleador; y además la aplicación arbitraria de sanciones implica la posibilidad que se expropie a un particular parte importante de su patrimonio. También considera que se vulneraría el principio de tipicidad y proporcionalidad, pues no se acota el margen de discrecionalidad que debe tener la autoridad al momento de determinar una sanción aplicable por la comisión de una infracción.