En forma unánime.
CS acogió protección y ordenó eliminar datos del recurrente incluidos en registros del SENCE.
Cabe recordar que el Tribunal de alzada rechazó la acción deducida, al concluir que no se han dado los presupuestos necesarios para que se haya configurado la infracción.

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por un ciudadano a nombre suyo y de su padre contra la Fiscalía Metropolitana Sur de San Miguel, por haber entregado su información personal al Servicio Nacional de Capacitación SENCE, institución que lo incluyó en un listado de posibles beneficiarios de un programa dirigido a personas privadas de libertad con antecedentes penales.
El recurrente estimó que se vulneraría el derecho a la vida privada y a la honra, por cuanto su entonces calidad de imputado no se relaciona con lo dispuesto en la Ley N° 20.931 de 5 de julio del 2016, ya que la suspensión condicional del procedimiento y la decisión de no perseverar, respecto de su padre, se arribó en una fecha anterior, específicamente el 20 de agosto de 2015, y dado que tampoco han sido condenados, no corresponde lo ocurrido con sus datos personales.
Cabe recordar que el Tribunal de alzada rechazó la acción deducida, al concluir que no se han dado los presupuestos necesarios para que se haya configurado la infracción.
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