CS acogió protección contra Servicio de Salud de Arica y Parinacota por disminuir el grado de una funcionaria a contrata.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por una funcionaria a contrata contra el Director (s) del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, por modificar su función como Directora Subrogante del Departamento de Atención Primera a la de Encargada de Gestión de Programas, disminuyéndole en dos grados su grado jerárquico.

La recurrente indicó que se vulneró el derecho de propiedad, pues la decisión del recurrido implica una disminución en sus remuneraciones, privándola del derecho a mantener las condiciones estipuladas en el último contrato celebrado.

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que si bien el acto impugnado da cuenta de las razones en que se ampara su dictación, tales motivos mal pueden estimarse suficientes. En efecto, la remuneración Grado 8° que habría de corresponder a la recurrente no aparece determinada según los criterios subjetivos que consulta el artículo 10 del Estatuto Administrativo, relativos a las fortalezas personales del funcionario que deben relacionarse con el cargo o labor que se le encomendará. A lo anterior se suma la proximidad en el tiempo, que no supera una extensión de tres semanas, de un acto que vincula la contrata de la recurrente al Grado 6°, como consta en Resolución N° 665 y luego otro que la adscribe al Grado 8°, según se consigna en el ingreso a trámite de la resolución impugnada. En suma, la autoridad no ha esgrimido ni acreditado los presupuestos que autorizan la reducción de grado a que se somete a la actora. Así, la resolución denunciada no cumple con el estándar mínimo de fundamentación que la ley exige, vulnerando el principio de razonabilidad, de deferencia y de motivación que, entre otros, deben inspirar el actuar de los órganos administrativos.