Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucionales, los artículos 229, 230 y 231, todos del Código Procesal Penal, mediante la presentación de cinco requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
El primer precepto impugnado establece que la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Por su parte, las segundas y terceras disposiciones impugnadas establecen, en esencia, la oportunidad de la formalización de la investigación y la solicitud de audiencia de formalización de la investigación, respectivamente.
Las gestiones pendientes inciden en autos penales, seguidos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en que los requirentes fueron formalizados separadamente por los delitos contemplados en el artículo 150 A del Código Penal, de tormentos y apremios ilegítimos, no obstante se encuentra fijada audiencia de reformalización.
Los requirentes consideran que los preceptos impugnados infringen el debido proceso, por cuanto no resulta justo o racional un proceso en que el tribunal permita al Ministerio Público realizar actos no contemplados en la ley, basándose en la aplicación contra la constitución de normas procesales dispuestas con un sentido y oportunidad diversa privando en definitiva a los imputados de las garantías consagradas en la Constitución y los Tratados Internacionales.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite las impugnaciones, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declaren admisibles, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de los requerimientos.
Vea texto íntegro del requerimiento y de los Roles N° 6149-19; N° 6150-19; N° 6151-19; N° 6152-19; N° 6153-19.