El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba las frases “cuando lo interpusiere el ministerio público” y “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercer del artículo precedente” contenidas en el artículo 277 inciso segundo del Código Procesal Penal.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago por recurso de hecho, en los que el requirente, un suboficial activo del Ejército, se encuentra imputado como autos del delito de tráfico ilícito de armas.
En su resolución, el TC expone que, de la lectura del libelo se advierte que en el caso concreto no se ha decidido excluir una prueba –presupuesto fáctico de la norma impugnada- sino que, más bien, se ha denegado una exclusión solicitada por la defensa, no contemplando la norma impugnada, para ninguno de los intervinientes, la posibilidad de apelar contra resoluciones que denieguen una petición de exclusión de prueba. Así, el requerimiento de inaplicabilidad no aporta argumentos específicamente relacionados con tal hipótesis ni con el conflicto constitucional generado con motivo de la aplicación del precepto. En efecto, el libelo no efectúa distinción alguna entre el supuesto contemplado por la norma y la del caso concreto, careciendo de argumentos por los cuales pueda argumentarse que exista una situación procesal de estatutos legales privilegiados para una de las partes de la gestión pendiente. Por tanto, concurre la causal de inadmisibilidad del numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, pues adolece de falta de fundamento plausible.
Vea texto íntegro del expediente Rol N° 5619-18.
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