En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de 200 UTM (unidades tributarias mensuales) aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud a la empresa Constructora VK Limitada por infracciones laborales que causaron la muerte de trabajador.

En su sentencia, se expone que estas constataciones constituyeron los cargos formulados a la reclamante, quien no compareció a efectuar ninguna alegación en su defensa y/o exculpación, de modo que no cabía a la autoridad administrativa otra cosa que considerar la presunción de veracidad de lo observado por los fiscalizadores en conformidad a lo prevenido en el artículo 166 Código Sanitario que dice: ‘Bastará para dar por establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla'», sostiene el fallo de primera instancia.

Y es que las reclamaciones que el legislador ha previsto para los actos de la administración tienen por objeto permitir a los afectados la revisión judicial del proceso incoado en su contra y la sanción impuesta, concluye el fallo, con la finalidad de proteger con el máximo celo la garantía del debido proceso y dar seguridad a los justiciables de que no se cometerán arbitrariedades, pudiendo incluso llegar a conclusiones diversas sobre la misma prueba, si en el análisis legal, el ente administrativo ha cometido infracción. Lo no es este reclamo -bajo ningún supuesto- es constituir una nueva instancia de defensas y prueba, puesto que no se trata de un recurso jerárquico.

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