Diario Constitucional

En fallo unánime.

Corte de Antofagasta acogió recursos contra sentencia que hizo lugar a demandas de nulidad e indemnización por despido.

Tanto la demandada solidaria como la demandante recurrieron de nulidad contra la sentencia.

Por Redacción·28 de septiembre de 2019·4 min de lectura
Corte de Antofagasta acogió recursos contra sentencia que hizo lugar a demandas de nulidad e indemnización por despido.
Referencial

En fallo unánime, la Corte de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada solidaria –Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta- y acogió el recurso deducido por la demandante –el trabajador-, ambos contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.

Dicha sentencia acogió la demanda de indemnización por despido y cobro de prestaciones deducida en contra de Empresa Constructra Cmerco Ltda y Serviu región de Antofagasta solo en cuanto se declaró la existencia de la relación laboral entre el actor y la demandada Comerco, y que la relación laboral entre las partes terminó por despido indirecto en virtud de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato en que ha incurrido el empleador demandado, y, en consecuencia, se condenó solidariamente a las demandadas a pagar todas y cada una de las prestaciones que detalla; y acogió la demanda de nulidad de despido deducida por el mismo actor en contra de Empresa Constructra Cmerco Ltda y Serviu región de Antofagasta.

La demandada solidaria fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por existir una infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ya que el juez –estimó- no dio cumplimiento a su obligación de información y retención para eximirlo de la responsabilidad solidaria. Indicó que el juez hizo un análisis defectuoso de la prueba aportada, excluyendo sin razón documentos de la prueba especialmente aquellos que refieren a la copia de libro de obra, informe técnico, boleta de garantía de agosto de 2018. A su juicio, al no apreciar toda la documentación, el juez no puede acreditar que en autos se dio término anticipado a la licitación pública de 23 de enero de 2019, por lo que siempre se ejerció el derecho a información como lo exige la ley.

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