El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, condenó al teniente de Carabineros en retiro, Rubén Aroldo Morales López, por el homicidio de Jorge Manuel Vásquez Matamala, ex gobernador de Elqui,  perpetrado el 16 de septiembre de 1973 en el sector cordillerano de Matancillas, comuna de Vicuña.
En cuanto a la acción civil, el ministro acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por los cuatro hijos de la víctima, por concepto de daño moral, y ordenó al Fisco de Chile el pago de $50.000.000 para cada uno de los demandantes.
En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 16 de septiembre de 1973, una patrulla compuesta por aproximadamente diez funcionarios de Carabineros de la tenencia de Paihuano, constituida, entre otros, por el entonces teniente Rubén Aroldo Morales López, salieron en la búsqueda y persecución del ex gobernador del Elqui y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
Tras el procedimiento fallido en la localidad de Rivadavia, los policías llegaron al sector Matancillas, hasta unas casas donde la víctima estaba oculta. Una vez en el lugar, le exigieron a viva voz su entrega, y tan pronto como la víctima salió por la puerta, solo y con su manos en alto pidiendo que no lo mataran, le dispararon con las armas de fuego que portaban, causándole la muerte en el lugar.
Respecto a la indemnización de perjuicios el fallo sostiene que la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a  que la desaparición forzada de una persona produce sufrimiento a sus parientes y cercanos, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.
El ministro Hormazábal, fue designado en septiembre de 2015 para conocer las causas de derechos humanos de la jurisdicción de La Serena y en marzo de 2017 extendió su designación hasta la jurisdicción de Arica, trasladándose periódicamente a diferentes ciudades para realizar diligencias. Actualmente conoce 89 causas, de las cuales 13 se encuentran en sumario con procesados y 6 en plenario; en su labor investigativa es asistido por 3 actuarias judiciales y 5 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI.

Vea texto íntegro de la sentencia rol 4-2010
Vea rectificatoria fallo

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