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Primera Sala.

TC se pronunciará respecto de admisibilidad de inaplicabilidad que impugna norma que faculta a Subsecretaría de Pesca a autorizar actividad pesquera industrial en área reservada para pesca artesanal.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

20 de julio de 2020

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 47, inciso tercero, de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, seguido ante la Corte Suprema, en los que la requirente, un pescador artesanal, dedujo esta acción en contra de Resolución Exenta dictada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que autorizó la actividad pesquera industrial (denominada comúnmente como perforación) en el área de reserva para la pesca artesanal en las regiones de Arica y Parinacota Y Tarapacá para el periodo que va desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2022.
Al efecto, cabe recordar que el pescador artesanal requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que la aplicación del inciso 3º del artículo 47 LGPA conlleva una vulneración directa del principio de igualdad y la no discriminación arbitraria (art. 19 Nº 2 inciso 2º), y en especial la no vulneración arbitraria que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica (art. 19 Nº 22 inciso 1º), en cuanto que la ley estableció un estatuto legal favorable en beneficio de la pesca artesanal fundado en su protección (en aplicación del inciso 2º del art. 19 Nº 22 inciso 2º), cuestión que se extiende y beneficia al requirente en su calidad de pescador artesanal. Asimismo, considera vulnerado el derecho al libre ejercicio de la libertad económica, puesto que la equiparación del estatuto de reserva para la pesca artesanal con la posibilidad excepcional de la actividad extractiva industrial conlleva una restricción no permitida constitucionalmente. Finalmente, estima transgredido su derecho de propiedad, pues la aplicación del precepto impugnado conlleva limitar, de forma contraria a la Constitución, el ejercicio del derecho a acceder a explotar la pesca a que tiene derecho.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada por el término de diez días. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 8917-20.     

 

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