Por unanimidad
CS determinó que a nadie le es lícito hacer valer un derecho civil o procesal en contradicción con su anterior conducta jurídica.
El máximo Tribunal señaló que, los sentenciadores han incurrido en los errores de derecho denunciados al concluir que la exigibilidad de la obligación demandada se produjo el 9 de septiembre de 2006.

Por unanimidad, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada y confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la empresa Maestranza Maipú Ltda. devolver a la demandante 25.360 kilos de acero proporcionados para la fabricación de vigas y perfiles, en un contrato que no se materializó.
El 19° Juzgado de Civil de Santiago señaló en su sentencia que, la parte demandada alegó la extinción de la acción emanada de la obligación de la parte compradora por prescripción. Ello no es así. Es cierto que el contrato data de septiembre de 2006 y que de acuerdo a lo señalado por el propio demandado las obligaciones debían hacerse exigibles el 28 de septiembre de ese año, mas también es efectivo que el precio finalmente se pagó recién el 22 de agosto de 2012, debiendo computarse desde esa fecha el lapso de prescripción, el que fue interrumpido civilmente el 18 de febrero de 2015, al notificarse personalmente la demanda al representante de la demandada. En efecto, si el demandado vendedor no estaba en mora dejando de cumplir su obligación de entrega por cuanto el otro contratante -el comprador- no cumplía la suya de pagar el precio, pues resultó que una vez pagado tal precio debe computarse el lapso que la ley señala para extinguir la acción del comprador de requerir la entrega de la cosa, toda vez que sólo en ese momento se hizo exigible la obligación del vendedor, interrumpiéndose civilmente la prescripción antes de los cinco años si se cuenta el plazo de acuerdo al artículo 2515 del Código Civil, o de los cuatro años si se cuenta de acuerdo al artículo 822 del Código de Comercio.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, contrariamente a lo que alegó la actora Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada en su demanda y réplica, el derecho a exigir la entrega de la cosa vendida, no surgió con la ejecutoriedad de la sentencia dictada en la causa del 18° Juzgado Civil de Santiago, sino que con el contrato de compraventa comercial que se prueba con la orden de compra N° 50.781 de 09 de septiembre de 2006, y la factura N° 24.330, los que por corresponder a títulos de comercio, la establecen en dicho carácter, haciendo aplicable en la especie los artículos 130 y siguientes del Código de Comercio, y en lo que respecta a la prescripción, el artículo 822 del mismo Código del Ramo, convención que creó una obligación pura y simple, es decir, exigible de inmediato porque no fue sujeta a modalidad alguna, porque no constó que las partes hayan estipulado un plazo o condición para la entrega de la mercancía.
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