TJUE indica los Estados miembros deben conceder una indemnización a todas las víctimas de delitos dolosos violentos, incluidas las que residen en su propio territorio.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reunido en Gran Sala dictó sentencia Presidenza del Consiglio dei Ministri, declarado, en primer lugar, que el régimen de responsabilidad extracontractual de un Estado miembro por el daño causado por la infracción a ese Derecho ha de aplicarse, al no haber transpuesto ese Estado miembro en su debido momento la Directiva 2004/80 sobre indemnización a las víctimas de delitos, a las víctimas residentes en el referido Estado miembro, en cuyo territorio se haya cometido el delito doloso violento.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que una indemnización a tanto alzado, concedida a las víctimas de una agresión sexual en virtud de un régimen nacional de indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos, no puede calificarse de “justa y adecuada” en el sentido de esa norma, si se fija sin tener en cuenta la gravedad de las consecuencias que para las víctimas tiene el delito cometido y, por lo tanto, no supone una contribución adecuada a la reparación del perjuicio material y moral sufrido.

En el caso de autos, una ciudadana italiana residente en Italia, fue víctima, en octubre de 2005, de una agresión sexual cometida en ese país, sin embargo, a causa de la fuga de los autores de esta agresión, no se pudieron abonar a la víctima los 50.000 euros a los que aquellos habían sido condenados en concepto de daños y perjuicios. Posteriormente, la víctima demandó a la Presidencia del Consejo de Ministros, Italia, reclamando la reparación del daño que afirmaba haber sufrido como consecuencia de que Italia no hubiera transpuesto en su debido momento la Directiva. El Tribunal Supremo de Casación italiano, se cuestiona, sobre la posibilidad de aplicar el régimen de la responsabilidad extracontractual de un Estado miembro, como consecuencia de una tardía transposición por su parte de la Directiva, a las víctimas de delitos dolosos violentos que no se encuentren en situación transfronteriza. Por otra parte, albergaba dudas acerca de si es «justa y adecuada», en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Directiva, la cantidad a tanto alzado de 4.800 euros, prevista por la normativa italiana como indemnización a las víctimas de agresiones sexuales.