Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que prohíbe la prisión preventiva durante crisis sanitaria

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema, analizó el contenido de la iniciativa legal que prohíbe la prisión preventiva de imputados durante el periodo de crisis sanitaria. Informe que fue enviado a la presidencia del Senado, el mismo día.

«En relación al mérito general del proyecto, cabe tener en cuenta que, tal como indica el texto que acompaña a la moción, el legislador se encuentra habilitado para cambiar los estándares normativos y epistémicos -las reglas acerca de la procedencia y que guían la evaluación de los antecedentes fácticos respectivos y la producción de la decisión del juez- que rigen la concesión de una u otra medida cautelar, sin que eso signifique necesariamente una invasión a la esfera de atribuciones de los tribunales encargados de aplicar el derecho. En este sentido, el hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.

El oficio agrega que, “adicionalmente, cabe tener en cuenta que la propuesta no busca modificar los criterios que rigen la concesión de medidas cautelares en nuestro sistema. Sigue siendo la integridad de la investigación y el peligro de fuga del imputado las únicas razones que pueden justificar -en sentido positivo- la imposición de la medida de prisión preventiva. La normativa propuesta no puede entenderse como una reformulación de los requisitos que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal o como una restructuración de la prisión preventiva. Por el contrario, el sentido de la disposición, independiente de las ambigüedades que posee, es restringir temporalmente y desde una perspectiva externa, la aplicabilidad de la prisión preventiva. Por lo mismo, la restricción que impone el legislador, debe leerse más bien como una ampliación temporal de la lista que enumera el artículo 141 del Código Procesal Penal (con o sin espacios de discrecionalidad, como veremos más adelante), y nunca como una modificación de los requisitos del artículo 140 del mismo cuerpo legal».