Diario Constitucional

Principio de coordinación.

CGR determinó que procede el traslado de funcionarios de la DGAC por parte de la Fuerza Aérea de Chile al territorio antártico chileno.

Asimismo, el ente contralor agregó que los funcionarios de la DGAC que se trasladen en aeronaves de la FACH, en caso de accidentes en actos de servicio, se encuentran cubiertos por las protecciones indicadas en el dictamen.

Por Redacción·20 de septiembre de 2020·3 min de lectura
CGR determinó que procede el traslado de funcionarios de la DGAC por parte de la Fuerza Aérea de Chile al territorio antártico chileno.
Referencial

Se dirigió a la Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, consultando si procede que el transporte aéreo de los funcionarios civiles de ese ente desde el territorio nacional hacia el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, ubicado en la Isla Rey Jorge de la Antártica Chilena, se efectúe en aviones militares, tratándose de rutas en las que también operan líneas comerciales. También requieren un pronunciamiento sobre cuáles serían los resguardos que estos tienen frente a los riegos y eventuales perjuicios que puedan sufrir en caso de accidente en una aeronave de ese tipo.

Al respecto, el ente contralor adujo que, de los antecedentes tenidos a la vista, se aprecia que la FACH es la única institución que realiza de modo permanente y continuo viajes al territorio antártico chileno, trasladando tradicionalmente de modo gratuito al personal de la DGAC destinado a esa zona -para el desempeño de sus tareas en el funcionamiento del aeródromo ahí ubicado-, en la aeronave y con las condiciones de vuelo que se informan. Asimismo, aparece que si bien existen otras aerolíneas que funcionan en el área, estas no realizan vuelos de modo constante a la misma, cobrando según el destino y necesidades del interesado.

Enseguida, el órgano fiscalizador arguyó que, en tal contexto, cabe recordar que los órganos integrantes de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones y en el resguardo del interés público, deben cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en los artículos 3°, inciso segundo, 5° y 8°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, velando por la eficiente administración de los recursos públicos.

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