CS acoge recurso de protección y ordena a municipalidad resolver factibilidad comercial de empresa declarada esencial.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por Ecokorp Limitada y suspendió los decretos de la Municipalidad de La Pintana que caducaron la patente y actividades de la empresa química, hasta que la recurrida resuelva la solicitud de factibilidad comercial.

La sentencia indica que es preciso ser enfático en cuanto a que esta Corte no desconoce las atribuciones legales y reglamentarias de las que se encuentra investida la recurrida. Sin embargo, pese a haber realizado todas las gestiones pertinentes, la actora no ha podido avanzar en la regularización de las deficiencias y observaciones planteadas por el Municipio, habiendo incluso pagado la patente por el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020. A mayor abundamiento, se trata de una empresa que desarrolla funciones calificadas como ‘esenciales’ por la autoridad competente, de modo que la paralización de sus actividades afecta los intereses de la colectividad en su conjunto.

La resolución agrega que, de esta manera, es manifiesto que la recurrida, al no resolver la solicitud de factibilidad comercial para optar a una patente provisoria que especifique la fabricación de sulfato de aluminio, en circunstancias que la patente cuestionada fue pagada con fecha 23 de enero de 2020; que existe un certificado de calificación como industria inofensiva de fecha 13 de enero de 2020 emitido por la autoridad sanitaria; además de antecedentes técnicos favorables (Informe de la ACHS de 30 de enero en curso), ha infringido los principios de celeridad, contradictoriedad, actuación de oficio, economía procedimental, no formalización, inexcusabilidad y conclusivo establecidos en los artículos 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 13 y 14 de la Ley N° 19.880 -sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado- y 3º, inciso segundo, y 8º de la Ley Nº 18.575 -Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, por lo que dicha omisión resulta ser ilegal.