CGR determinó que no resulta ajustado a derecho que Municipalidad de Recoleta haya dispuesto jornada laboral de 37 horas y media.

Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, el Prosecretario de la Cámara de Diputados, remitiendo una presentación de los diputados señores Luis Pardo Sainz y Francisco Eguiguren Correa, quienes solicitan un pronunciamiento respecto de la legalidad de la medida adoptada por la Municipalidad de Recoleta en orden a reducir la jornada laboral a funcionarios municipales, regidos por el Código del Trabajo, a un total de 40 horas semanales; que se fiscalice e informe respecto a la cantidad de trabajadores beneficiados con la medida, el vínculo contractual de los mismos, así como también los actos administrativos por los cuales se materializará esta determinación; y, si dentro de los últimos 12 meses ha existido pago de horas extras respecto de dichos servidores.

Requerida al efecto, la entidad edilicia informó, en síntesis, que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo se pactó con los funcionarios municipales regidos por ese cuerpo legal una jornada laboral de 40 horas semanales, optimizándose la función pública, lo que habría redundado en una disminución de licencias médicas.

Al respecto, el ente contralor adujo que, en lo concerniente a los actos administrativos por los cuales la Municipalidad de Recoleta materializó dicha determinación, es dable señalar que mediante el decreto alcaldicio N° 2.032, de 26 de julio de 2019, el municipio dispuso reducir la jornada ordinaria de los trabajadores del departamento de administración de educación municipal de 44 a 37,5 horas semanales, resolviendo, además, que se impute el tiempo de colación, correspondiente a 2,5 horas semanales a cargo de cada trabajador, manteniéndose integro el monto de la remuneración mensual. En ese sentido, el dictamen explica que, en efecto, y respecto de las licencias transables y los permisos extraordinarios a que alude específicamente el interesado, se han establecido cuotas anuales de captura de unidades de pesquerías ubicadas en extensas y delimitadas zonas, las que se indican en los respectivos actos administrativos.