Empresa de Transporte pretende inaplicabilidad de norma de Ley que establece régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales producto del COVID-19, pues habría sido mal emplazada.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 6º de la Ley Nº 21.226.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso»

La gestión pendiente incide en autos sobre terminación de contrato por no pago de rentas, restitución del bien arrendado, cobro de rentas e indemnización de perjuicios, seguido ante el Decimoquinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en los que la empresa de transportes requirente, quien es demandada en dicho proceso, interpuso incidente de nulidad por falta de emplazamiento.