Diario Constitucional

Negociación colectiva.

Corte de Santiago acoge protección y ordena a la Dirección del Trabajo calificar servicios mínimos de AFP.

El Tribunal de alzada estima vulnerada la garantía constitucional de la negociación colectiva en el marco del ámbito laboral.

Por Redacción·22 de noviembre de 2020·2 min de lectura
Imagen: dt.gob.cl
Referencial

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por el Sindicato de Trabajadores de la AFP Cuprum en contra de la Dirección del Trabajo, por la demora respecto de la calificación de los servicios mínimos de la empresa.

Cabe hacer presente que por servicios mínimos se entienden las funciones, tareas o procesos que deben ser atendidas por el sindicato durante el desarrollo de una huelga, para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes; para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o atender necesidades básicas de la población; o para prevenir daños al medio ambiente, a la salud pública o al bienestar del país.

Los hechos del caso se relacionan con la negociación colectiva de la AFP Cuprum con el Sindicato N° 1 de Trabajores. En particular, Cuprum intentó llegar a un acuerdo con el Sindicato, sin embargo, no fue posible consensuar las posturas sobre esta materia. En razón de esto, la AFP acudió a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente solicitando que realizara la respectiva calificación. Sin embargo, pasaron varios meses (desde marzo) y la entidad no entregó pronunciamiento al respecto. Tiempo después, el sindicato presentó un proyecto de negociación colectiva en el cual solicitaba a Cuprum someterse al proceso de negociación colectiva reglada. Sin embargo, la AFP informó a los trabajadores que no podía iniciar un proceso de negociación, ya que se encontraba pendiente el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre la determinación de los servicios mínimos. Como consecuencia de esto, en julio del presente año, el sindicato presento la referida acción de protección contra el servicio, por la excesiva demora en la calificación.

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