Diario Constitucional

Probidad administrativa.

Alcalde de Valparaíso alega inadmisibilidad de requerimiento de remoción en su contra y opone excepciones.

Arguye que falta al requerimiento el quorum exigido por la LOC de Municipalidades – a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, ya que 3 de los concejales que presentaron el requerimiento han renunciado a su cargo.

Por Redacción·27 de noviembre de 2020·3 min de lectura
Imagen: laizquierdadiario,com
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El Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, Jorge Sharp, presentó su contestación al requerimiento de remoción dirigido en su contra, ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso. En ella, alega la inadmisibilidad del requerimiento presentado por un grupo de concejales y, en subsidio, opone excepciones dilatorias.

En cuanto a la admisibilidad, arguye que falta al requerimiento el quorum exigido por la LOC de Municipalidades – a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio -. En particular, explica que 3 de los concejales que presentaron el requerimiento han renunciado a su cargo. La voz que utiliza la Ley es clara y categórica, y establece que para ser declarada (vale decir, al momento que se dicte la sentencia que la acoja) debe existir el quorum que sustente dicha solicitud, cuestión que en la especie no ocurrirá. El efecto práctico que conlleva la continuación del procedimiento con sólo 3 de los requirentes ejerciendo el cargo de Concejal significa que, no habiéndose siquiera tornado en inmutable la etapa de discusión en estos autos, una minoría democrática -recaída en este caso en 3 concejales- y no legitimada por la Ley, lleva adelante un proceso de remoción en contra de un alcalde que cuenta con la legitimación democrática a su haber.

Asimismo, señala que, en varios de los cargos formulados en el requerimiento, se deben resolver cuestiones previas, para en definitiva poder establecer si existe o no transgresión de normas constitucionales y legales, que constituyan un presupuesto fáctico y jurídico que en definitiva pueda generar una sanción. Esto significa que, en el caso de estos cargos, su conocimiento se encuentra radicado ante otros organismos como una cuestión prejudicial, cuya resolución es necesaria para efectuar el control de admisibilidad, y en consecuencia carecen del requisito más básico para ser objeto de Litis.

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