El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó la aprobación de la tercera versión del Plan General de Combate al Covid-19 para los Pueblos Indígenas y determinó que se presente un nuevo documento hasta el 8/01/2021.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que el nuevo plan presentado por el gobierno federal sigue siendo genérico, lo que no permite evaluar su suficiencia y factibilidad ni monitorear su implementación.
Enseguida, el fallo expresó que es impresionante que, después de casi 10 meses de pandemia, el Estado Federal no haya logrado lo mínimo: ofrecer un plan con sus elementos esenciales, para dar solución a una situación que sigue poniendo en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas.
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A continuación el alto Tribunal manifestó que la última versión del plan se lleve a cabo de manera provisional, mientras que el documento se ajusta siguiendo varios lineamientos, entre ellos la indicación detallada de los criterios de vulnerabilidad para la selección y suministro de canastas de alimentos; la indicación de terrenos que tendrán suministro de agua; detallando los flujos de material, recursos humanos y logística para realizar pruebas a los pueblos indígenas; y detallando las acciones de salud, el número de equipos que trabajan en las comunidades y la población atendida por región.
Posteriormente, la sentencia indicó que concretamente en relación al aislamiento de invasores, próximamente se convocará una audiencia especial para que el Estado Federal explique la propuesta de barreras virtuales y para que las entidades implicadas en el debate evalúen su eficacia. De esta manera, a partir de este momento se definirá el alcance de las medidas.
Finalmente, cabe señalar que la decisión, tomada en el expediente de la Declaración de Falla del Precepto Fundamental (ADPF) 709, tomó en cuenta la valoración de siete entidades sobre la tercera versión del plan: la Asociación Brasileña de Salud Pública (Abrasco), la Fundación Oswaldo Cruz ( Fiocruz), la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública (DPU), el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Vea texto íntegro del comunicado.