En fallo dividido.
CS acoge recurso de amparo contra Intendencia Regional de Arica y Parinacota por expulsión del territorio nacional de una ciudadana peruana.
La medida dictada hace más de 4 años por un delito de tráfico de estupefacientes es desproporcionada e innecesaria, ya que la permanencia de la amparada no reviste la gravedad y peligrosidad que amerita la expulsión y prohibición de su ingreso al país.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó un recurso de amparo contra la Intendencia Regional de Arica y Parinacota y el Departamento de Extranjería, Migración y Seguridad Pública del Ministerio del Interior por resolver la expulsión del territorio y la prohibición de ingreso al país de una ciudadana peruana.
El conflicto surge luego que en 2014 la amparada fuera condenada por el Juzgado de Garantía de Arica a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, concediéndole el beneficio de sustitución de la pena por la remisión condicional, por el plazo de un año. En junio de 2016, el Departamento de Extranjería, Migración y Seguridad Pública del Ministerio del Interior resolvió prohibir su ingreso al país y en octubre del mismo año la Intendencia Regional de Arica y Parinacota dictó resolución de expulsión del territorio nacional.
La actora accionó de amparo, acusando que la sanción de expulsión dictada en su contra no cumple los requisitos prescritos por al artículo 17 del Decreto Ley N°1094, ya que no registra reincidencias criminales hace más de 6 años, lo cual vulnera su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
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