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Imagen: coopertaiva.cl
Acuerdo.

TC escuchó alegatos de fondo respecto de inaplicabilidad que impugna norma que impide la restitución a un particular de sus depósitos y Valores Hipotecarios Reajustables, contratados con la asociación “Casapropia” entre 1973 y 1974.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor el Ministro Aróstica.

8 de abril de 2021

Ante el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional se llevó a cabo la vista de causa  de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de la frase “a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta”, contenida en el artículo 5° de la Ley N° 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso que “Para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, del decreto ley N° 1.263, de 1975”.

La gestión pendiente incide en autos civiles sobre demanda subsidiaria de cobro de obligación legal en juicio de hacienda, seguido ante el Decimoséptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en los que la requirente solicita la restitución sus depósitos y Valores Hipotecarios Reajustables (“VHR”), ambos instrumentos contratados con la asociación “Casapropia” entre diciembre de 1973 y septiembre de 1974 y que fueron asumidos por el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (“SINAP”), al que se le puso término por mandato legal de la Ley N° 18.900.

Se anunciaron para alegar, por la parte requirente, al Abogado Gerardo Ramírez González; y en representación del Consejo de Defensa del Estado, la Abogada María Eliana Ricke Gebauer.

Cabe recordar que, la requirente estima que el precepto impugnado infringiría su derecho de propiedad, toda vez que al dejar sujeto el traspaso de las deudas del SINAP a la aprobación de la cuenta por parte del Presidente de la República, en la práctica, lo que configura es una obligación meramente potestativa del Estado respecto a la devolución los dineros y activos, que son de propiedad de los particulares y que el Estado debe restituir. Así, si el Estado no aprueba la cuenta, mantiene en su poder estos bienes, alejados de sus legítimos titulares. Asimismo, considera vulnerado el debido proceso y en particular, la igual protección de sus derechos, puesto que se rompe con la posibilidad de satisfacer los intereses subjetivos de los ahorristas e inversionistas del SINAP mediante la acción de la jurisdicción, dado que la frase impugnada condiciona la responsabilidad del Fisco de restituir los bienes a la publicación de un decreto, que no se ha verificado a pesar de que la Caja Central ya no existe legalmente desde el año 1990, por lo que se configura una infracción a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental.

Por su parte, el CDE, en su traslado de fondo, explica que, no es efectivo que la condición establecida en el precepto sea una condición meramente potestativa, como se sostiene en el requerimiento. La condición que impone la ley en el artículo 5, consistente en que el Fisco se haga cargo de las deudas de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Aprobatoria de la cuenta de su liquidación, no es una condición meramente potestativa, sino una condición simplemente potestativa, pues depende de un hecho: la aprobación de la cuenta por Decreto Supremo.

Enseguida, arguye que la aplicación de la oración impugnada no resultará decisiva en la resolución del procedimiento ordinario que constituye la gestión pendiente. El requerimiento es incoado únicamente respecto de la acción de cobro de pesos interpuesta subsidiariamente a la acción de indemnización de perjuicios, deducido en lo principal, en la causa que se tramita ante el 17° Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, en los hechos ambas acciones, pretenden lo mismo, esto es, la devolución de los depósitos efectuados en la Asociación por don Carlos Camus. La única diferencia entre ambas acciones es que en la demanda principal se pretende una indemnización por la falta de servicio en que habría incurrido el Estado de Chile al no aprobar la cuenta que se establece como requisito, en el artículo 5° de la ley 18.900, para la devolución de los dineros de los ahorrantes. Siendo así, ha de concluirse inequívocamente que el precepto cuya inaplicabilidad se solicita no tiene efecto decisorio para la resolución de la litis porque lo que se busca obtener con la demanda subsidiaria es lo mismo que lo que se pretende con la acción principal planteada. De tal manera, si se acoge el presente requerimiento el objetivo buscado no se cumplirá ya que la norma seguirá vigente respecto de la acción principal, según lo señalado por el propio requirente.

Finalmente, se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor el Ministro Aróstica.

 

 

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente, Rol N° 9308-20.

 

 

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