TC declaró parcialmente admisible inaplicabilidad de norma que establece penas para delitos en contra de la salud pública, en causa contra mujer contagiada con Covid-19 que provocó cierre preventivo de Mall Alto Las Condes.

El Tribunal Constitucional declaró la admisibilidad parcial de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 318 del Código Penal y 277 del Código Procesal Penal y, en subsidio, respecto del inciso final del artículo 48 del Código Civil.

El artículo 318 establece: “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales”. El 277 del CPP, en su inciso segundo señala que el auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. Por último, el artículo 48 del Código Civil, en su inciso final, dispone que se aplicarán las reglas de prescripción, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas; salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en proceso simplificado por supuesta infracción al delito previsto en el artículo 318 del Código Penal. Según el requerimiento, la acusación del Ministerio Público señala que al momento de los hechos (28 de marzo de 2020), regía la obligación para las personas contagiadas de Covid-19 de cumplir una cuarentena por 14 días desde el diagnóstico; que le fue notificado el 16 de marzo de 2020 y se le otorgó licencia médica hasta el 30 de marzo.