Ley 17.798.
CS acogió recurso de revisión y anuló la sentencia impugnada, dictada por el Consejo de Guerra en noviembre de 1973, que condenó al recurrente a 10 años de presidio, como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 13 de la ley de control de armas.
El máximo Tribunal estableció la obligación de los tribunales nacionales de interpretar las normas internas sobre delitos de lesa humanidad, a la luz de la legislación internacional sobre derechos humanos.

La Corte Suprema acogió recurso de revisión y anuló la sentencia impugnada, dictada por Consejo de Guerra en noviembre de 1973, que condenó al recurrente a 10 años de presidio, como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 13 de la ley 17.798 (ley de control de armas).
La sentencia indica que, el contenido y resolución del fallo de la CIDH, invocado por la recurrente, resulta ineludible en esta causa, pues dado el mandato contenido en dicho pronunciamiento conlleva que la interpretación y aplicación de las disposiciones procesales que reglan la acción de revisión que ha sido planteada, contempladas en el Código de Justicia Militar y en el Código de Procedimiento Penal, deberán efectuarse procurando ajustarse a lo razonado y decidido por dicho tribunal internacional, para de esa manera resguardar el derecho a la protección judicial que se estimó vulnerado por la ausencia de recursos para revisar las sentencias de condena dictadas en los Consejos de Guerra y, en definitiva, hacer posible el mecanismo efectivo y rápido para revisar y poder anular las sentencias a que alude dicho fallo.
Para el máximo Tribunal, no debe olvidarse que, como es propio del derecho internacional, los Estados deben cumplir con sus compromisos de buena fe, es decir, con la voluntad de hacerlos efectivos (este principio de derecho internacional emana de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 26) y que, además –o como consecuencia de lo anterior–, el incumplimiento del fallo trae consigo la responsabilidad internacional del Estado de Chile, conforme a los artículos 65 y 68, N°1 de la Convención, por lo que todos sus órganos –incluyendo esta Corte– deben tener en consideración dichas obligaciones, para dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado.
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