CS confirmó sentencia que desestimó recurso de protección deducido por funcionario cuya contrata no fue renovada por salud incompatible con el cargo.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó el recurso de protección deducido por un chofer en contra de la SEREMI de la Región Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por la no renovación de su contrata.

El actor denunció la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad, originada por la resolución que dispuso no renovar para el año 2021 su contrata como conductor de vehículo fiscal, por no ser necesarios sus servicios y por no contar con las competencias mínimas para desarrollar las funciones definidas para el cargo.

Detalló que la recurrida fundó su decisión en que le aplicó, de manera periódica, exámenes de salud ocupacional y que, desde el año 2015, los resultados de dichos exámenes dieron cuenta que presentaba alteraciones que contraindican su desempeño como conductor, por lo que no se encontraba en condiciones de desarrollar las funciones para las que fue contratado de manera correcta y segura, tanto para sí mismo y como para los otros funcionarios de la Secretaría y eventuales terceros a quienes debía transportar. Al efecto, alegó que sus calificaciones fueron de excelencia, que nunca se registró en su hoja de vida alguna anotación negativa referente a sus capacidades y que nunca fue sometido a sumario administrativo, estimando que la argumentación de la resolución fue aparente y artificiosa, sin condecirse con la realidad, contrariando lo dispuesto en el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880.