Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que la norma que impide trabajar a gendarmes con audición reducida es discriminatoria.

El caso se refiere a un Reglamento del Gobierno de Estonia relativo a los requisitos en materia de salud de los funcionarios de prisiones. La normativa establece un umbral mínimo de percepción acústica, el que, de no ser alcanzado, implica la inhabilitación absoluta de los funcionarios para continuar ejerciendo sus labores. Como consecuencia de la aplicación de este Reglamento, se despidió a un funcionario, quien interpuso un recurso ante el tribunal nacional, alegando que su despido implicaba una discriminación por motivos de discapacidad.

La causa llegó al Tribunal Supremo de Estonia, el que consultó al TJUE si el referido Reglamento se oponía a la Directiva 2000/78 relativo al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El TJUE examinó si el Reglamento Nº12 era compatible con el artículo 4, apartado 1 de la Directiva, conforme a la cual los Estados miembros pueden establecer una diferencia de trato cuando, debido a la naturaleza de la actividad concreta de que se trata, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, sea necesario, proporcional y apunte a un objetivo legítimo.